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El estrecho edificio de la Av. Abancay alberga en su azotea desmonte, fierros, puertas metálicas y una precaria habitación armada al filo del techo. En ese angosto espacio vive –al menos– una persona que se negó a salir pese al pedido de las autoridades.
El representante de la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima, Gustavo Salas, y funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ingresaron ayer a la edificación cuyos riesgos fueron revelados el último domingo por El Comercio.
Tras la visita de las autoridades, el Ministerio Público abrió un procedimiento preventivo para establecer los posibles riesgos a la seguridad pública que representaría la edificación.
El fiscal Gustavo Salas exhortó a los comerciantes que alquilan espacios en estos pisos a que los desalojen.
Además del área de vivienda, entre el cuarto y séptimo piso se hallaron depósitos con productos inflamables, como juguetes de plástico, un taller de serigrafía y una oficina.
La parte más delgada de la construcción –de 1,20 metros de ancho– se usa para acopiar decenas de cajas con artículos de venta. Las hileras de bultos forman pasadizos angostos que impedirían una rápida evacuación en caso de incendio o sismo.
Salas indicó que el inmueble tampoco cuenta con la señalética adecuada en las rutas de evacuación. El subgerente de Fiscalización y Control de la comuna limeña, John Ortiz, agregó que Defensa Civil ha determinado que el edificio es de “alto riesgo”.
El experto detalló que hay fallas estructurales, columnas mal hechas y vigas con cemento mal sedimentado.
La fiscalía entregó sus recomendaciones a los propietarios y ocupantes del inmueble, Felimón Yarin Rojas, Edwin Beltrán Ramos y Reynaldo Fernández Jacinto.
Según el abogado penalista Mario Amoretti, la construcción del edificio podría configurar el presunto delito de exposición de personas al peligro. Precisó que la fiscalía esta vez solo está emitiendo una advertencia. “Hay que entender esta norma como la forma en que el Ministerio Público advierte que hay que tomar medidas preventivas ante la posible comisión de un delito, en este caso, un grave peligro frente a un sismo”, dijo Amoretti a El Comercio.
–Construcción ilegal–
La Municipalidad de Lima también confirmó que cuatro niveles se construyeron sin permiso municipal, desde el cuarto al séptimo piso.
John Ortiz dice que la comuna dispuso paralizar la obra en el 2015. Luego, en febrero del 2016, su despacho ordenó la demolición de los mencionados pisos. “En un plazo máximo de 8 días acudiremos al Poder Judicial para que autorice esta demolición”, contó el funcionario.
Juan Vivanco, abogado de la constructora Lourdes, propietaria de parte del edificio desde el año pasado, reconoció que la obra se hizo sin licencia, pero responsabilizó de eso a los anteriores dueños y a la comuna limeña. “Podemos facilitar la demolición de la sexta y séptima planta, pero el resto de pisos tiene sus papeles en regla”, refutó. 
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