“No quiero ningún peaje manchado por la corrupción”. En mayo del 2019, con apenas cinco meses en el cargo y una aprobación que empezaba a caer, el alcalde Jorge Muñoz anunció con esta frase que su gestión iniciaría un proceso de evaluación de los contratos firmados con Rutas de Lima y Lamsac, las dos concesionarias que administran las vías más importantes de la ciudad. Dos años después, las conversaciones con una de las empresas, Rutas de Lima, han derivado en un proyecto de adenda que, pese a las efusivas declaraciones del alcalde, no incluyen cambios sobre peajes, tarifas ni obras nuevas.
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El 1 de marzo del 2021, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima (MML) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) opinión sobre el proyecto de Adenda N°2 al contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima. Según la comuna, el documento era el resultado del Proceso de Evaluación Conjunta con Rutas de Lima, que tiene 7 peajes en Lima, iniciado en el año 2019. Era la segunda vez que ingresaba el pedido. El Comercio conoció que un mes antes, en febrero, el MEF había emitido opinión desfavorable a la primera versión del proyecto de adenda remitido en noviembre anterior.
Esta vez, el 22 de abril pasado, el MEF nuevamente ha expresado opinión desfavorable ante la que, de firmarse, se trataría de la primera adenda que suscribe el Estado peruano con una concesionaria que tiene participación de Odebrecht desde el escándalo de Lava Jato.
Los intentos para una nueva adenda
La relación de la Municipalidad de Lima con Rutas de Lima empezó el 9 de enero de 2013, cuando la entonces alcaldesa Susana Villarán concesionó por 30 años la administración de tramos de la Panamericana Norte, Sur y de la Ramiro Prialé. Por este contrato, que tuvo una primera adenda de bancabilidad en el 2014, Villarán es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio. La tesis de la fiscalía es que Villarán recibió US$ 3 millones de Odebrecht, entonces socia mayoritaria, para su campaña contra la revocatoria a cambio de favorecerla en la concesión. Precisamente, el día que la internaron de forma preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, 15 de mayo de 2019, Muñoz anunció a la prensa que su gestión evaluaría los contratos.
Cinco días después de esas declaraciones, el Concejo Metropolitano aprobó, mediante el acuerdo 076, iniciar con el proceso de evaluación conjunta con ambas concesionarias. Solo con Rutas de Lima empezaron las conversaciones, mientras que con Lamsac en noviembre del 2019 se inició un arbitraje internacional para solicitar la nulidad del contrato.
“Vamos a revisar absolutamente todo […] En el caso de Rutas de Lima, Odebrecht mantiene el 25% del accionariado. Eso también lo vamos a poner sobre la mesa”, dijo entonces Muñoz a Canal N. Luego del escándalo de Lava Jato, Brookfield compró el 57% de las acciones de Rutas de Lima y se convirtió en el socio mayoritario. Odebrecht mantiene el 25% y Sigma SAFI, el 18%.
El resultado de esa evaluación conjunta fue un primer proyecto de Adenda N°2. El documento, al que este Diario tuvo acceso, incluía la construcción de un intercambio vial en la avenida Canta Callao a cambio del paso a desnivel de Olguín y del Viaducto Benavides, modificaciones en las definiciones del contrato, la incorporación de una cláusula anticorrupción, establecer penalidades aplicables a la recepción de obras y el compromiso de que la concesionaria se encargue de realizar estudios para vías alternas al Peaje Chillón y trazo alternativo al tramo Ramiro Prialé. Ese proyecto de adenda tuvo cinco observaciones del MEF entre las que se incluían posibles afectaciones del equilibrio económico financiero.
Para segunda versión del proyecto de adenda, presentada el 1 de marzo pasado, se retiró el cambio del paso a desnivel Olguín y Benavides por el de Canta Callao, y se mantuvo lo demás. En cuanto a los compromisos que asume el concesionario, solo quedaron dos: los estudios para las vías alternas del Peaje Chillón (que en caso de aprobarse se ejecutaría como obra pública de la MML) y los estudios para el trazo alternativo de Ramiro Prialé (obra que ya estaba estipulada en contrato pero que con variación del trazo se necesitaría un nuevo proceso de modificación contractual). Es decir, ambos compromisos no configuran obras nuevas.
En ninguna de las versiones de los proyectos de adenda tampoco se evaluó la suspensión, la congelación, reajuste o cambio alguno en la tarifa, número o ubicación de los peajes. Esto pese a que, en julio de 2019, la Municipalidad de Lima anunciara que entre los acuerdos arribados con Rutas de Lima se incluía la congelación del incremento de las tarifas hasta que se terminen todas las obras viales pendientes.
El Comercio buscó la respuesta de la Municipalidad de Lima sobre el tema. En comunicación escrita, la gestión de Jorge Muñoz señaló que una nueva adenda es necesaria para “modificar el contrato a favor de los ciudadanos”. Entre los beneficios que acarrearía el documento mencionan la reactivación de obras paralizadas como el Derby y el intercambio vial de Canta Callao. Este segundo punto, sin embargo, ya no aparecía en el segundo proyecto de adenda presentado ante el MEF.
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Respecto al tema tarifario, la comuna señala que “la congelación de tarifas sí fue considerado en el proyecto de adenda; no obstante, durante el procedimiento para la aprobación de la adenda a cargo del MEF, esta fue eliminada”. Agregan que “desde el 2019, cuando aún era presidente Martín Vizcarra, funcionarios de la comuna limeña llevaron a cabo varias reuniones de trabajo junto con el MEF y la Contraloría, y luego, en el proceso formal de modificación contractual, la propuesta planteada por la MML fue cambiando, una de estas mutilaciones, denominadas “observaciones”, fue eliminar el compromiso de no incrementar la tarifa del peaje hasta la conclusión de las obras obligatorias a cargo del concesionario. No obstante, el actual gobierno durante el 2020, hizo una serie de observaciones y cambios, no obstante que los funcionarios han seguido siendo los mismos”.
El Comercio revisó ambos proyectos de adenda presentados ante el MEF en noviembre de 2020 y marzo de 2021 para la solicitud de opinión y en ninguno se evalúa el tema tarifario.
En la página web de la MML sí consta un proyecto de adenda N°2 que incluye el congelamiento de tarifas. El texto señala: “No incrementar ni reajustar el valor del Peaje previsto en el Contrato de Concesión, hasta la culminación de las obras obligatorias, siempre y cuando la inflación acumulada no exceda el 10%”. Este documento no fue presentado ante el MEF para solicitar opinión.
En respuesta a lo declarado por la MML, el MEF indicó a este Diario que la “responsabilidad exclusiva” de incluir o retirar cláusulas en una adenda es el concedente del proyecto, en este caso la Municipalidad de Lima. “Sobre las versiones de adenda que se plantean a lo largo del proceso de modificación contractual, el Ministerio de Economía y Finanzas solo emite comentarios u observaciones en los temas de su competencia, siendo la MML quien decide levantar las observaciones con el debido sustento o retirar la cláusula observada porque no cuenta con sustento técnico. Entonces la MML es quien decide modificar o retirar una cláusula de una propuesta de adenda a un contrato”, señalaron.
Respecto a los peajes cobrados por Rutas de Lima, el MEF asegura que no hubo una propuesta de congelamiento de la tarifa por parte de la municipalidad, tal como asevera la gestión edil.
“La MML no propuso un congelamiento de peajes, sino dos nuevos escenarios para que el Concesionario [Rutas de Lima] incremente los peajes en caso la inflación subiera o la MML no entregara terrenos a tiempo, sin importar si las Obras Obligatorias estuvieran culminadas. En ambos casos el Ministerio de Economía y Finanzas emitió comentarios solicitando sustentos técnicos y económicos, y señalando que las cláusulas propuestas permitían incrementos tarifarios adicionales a lo previsto en el Contrato de Concesión. Finalmente, en uso de sus facultades, fue decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima retirar las cláusulas propuestas con los escenarios que se plantearon”, informó la cartera a El Comercio.
La cláusula anticorrupción
La cláusula anticorrupción
De acuerdo con la Municipalidad de Lima, la necesidad de firmar una nueva adenda con Rutas de Lima es la inclusión de una cláusula anticorrupción para garantizar transparencia y ética. “La evaluación conjunta se inició con el objetivo de poner sobre la mesa las irregularidades heredadas de estos contratos”, indicaron a este Diario.
El proyecto de Adenda N° 2 incluye como causal de resolución de contrato si el concesionario o alguno de sus accionistas, socios, empresas vinculadas, directores, funcionarios o asesores es condenado o admite la comisión de delitos de corrupción que guarde relación con la ejecución del contrato, con el objeto de obtener un beneficio y que el autor haya actuado “con autorización o instrucción expresa y directa del concesionario”.
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Además, se especifica que dicha cláusula solo podrá activarse para hechos ocurridos a partir de la suscripción de la adenda, sin que ello implique la renuncia de la MML para iniciar las acciones que correspondan por los hechos ocurridos previo a la suscripción de la adenda.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo consultadas para esta nota consideran que esta cláusula es laxa e inejecutable porque reduce su aplicación al exigir que el acto de corrupción tenga una instrucción expresa del concesionario y tampoco incluya a autoridades vinculadas al proyecto, además que implicaría un precedente para volver a suscribir contratos con Odebrecht cuando aún se mantienen arbitrajes por los casos Gasoducto del Sur y Chavimochic.
De hecho, la cláusula anticorrupción del proyecto de adenda difiere en varios aspectos al texto estándar que incorpora el Estado en los contratos de APP que se adjudican a través de Proinversión.
Por ejemplo, no abarca actos de corrupción ocurridos antes de la adenda y tampoco establece penalidades si el concesionario incurre en uno de estos hechos. Según justificó el municipio en el informe del proyecto de adenda, se tomó la referencia el texto uniforme que incluye el Estado Peruano en sus contratos, pero que los aspectos no recogidos obedecen a que el texto del proyecto de Adenda N°2 fue resultado del proceso de renegociación contractual y tomó en consideración que el contrato está en ejecución.
Para el municipio, la opinión desfavorable del MEF supone un retroceso al proceso de evaluación conjunta, que de forma paralela ha reactivado obras paralizadas en el intercambio vial El Derby (que indican se entregará en junio de 2021), la entrega de paraderos a la ATU y otras acciones. “El MEF ha tirado por la borda las propuestas de mejora en beneficio de los ciudadanos y ha dejado a la MML totalmente desarmada en este caso. No bastó con mutilar la propuesta, sino que ahora decidieron eliminarla del todo, después de dos años de un arduo trabajo y reuniones consecutivas en la búsqueda de mejores condiciones para nuestros ciudadanos”, indicaron.
No se informó si presentarán un tercer proyecto de Adenda N° al contrato con Rutas de Lima que está pactado hasta el año 2043.
Esta nota fue actualizada con la respuesta del MEF a las declaraciones brindadas por la MML respecto al tema de las tarifas de peajes.
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