(Foto: Andina)
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Por Fernando Alayo Orbegozo

Desde que se inició en el 2015, la reforma universitaria ha tenido un claro antagonista: el Congreso de la República. Con proyectos de ley para modificar la normativa que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), comisiones investigadoras e incluso interpelaciones a ministros de Educación, el rol de diversos parlamentarios ha sido de un cuestionamiento constante que, según el propio Ejecutivo, está basado en conflictos de intereses personales y económicos.

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