La contactaron por redes sociales y le dijeron que, además de dinero, le darían un celular. Solo tenía que ofrecer licor en una discoteca de Huacho. Tenía 17 años y accedió. La citaron en un punto de Lima y ahí conoció a otras chicas como ella, interesadas en el trabajo. Algunas eran venezolanas. Las subieron a una minivan y al llegar a Huacho, un mototaxi las esperaba para llevarlas al hotel Eclipse. Luego de instalarse en varias habitaciones del hotel, las jóvenes fueron llevadas a la discoteca El Talizman.
Era el 2019, la encargada de captar y trasladar a las jóvenes se llama Tary Bardales Chumpitaz, de 45 años. En la discoteca, su pareja Luis Millones Hernández, se encargaba de darle las “instrucciones” a las chicas para trabajar en el local y controlar sus movimientos. Llegada la noche, empezaba el calvario para ellas. Tary y Luis contactaban a los clientes explotadores y ofrecían a las jóvenes como si fuera un mercado. Los sujetos pagaban S/ 200 para llevarse a las menores a un hotel y tener relaciones sexuales con ellas.
“Les decían que S/100 quedaba para ellos y S/100 para ellas, sin embargo, cuando les iban a pagar les descontaban el alojamiento, la comida, el traslado. Era una manera de retenerlas”, cuenta el comandante PNP Rubén David Lescano Cuya, oficial operativo de la DIRCTPTIM.
La joven de 17 años dijo que no quería tener relaciones sexuales con ningún cliente y que quería regresar a Lima. Tary y Luis le dijeron que le habían ocasionado un gasto y como ella no tenía dinero para irse, le dijeron que tuviera relaciones con un cliente para que juntara el dinero de su pasaje. Ella lo tuvo que hacer y así pudo regresar a Lima y denunciar lo que estaba sucediendo en Huacho.
“A raíz de la denuncia, se logró conocer la identidad de otra víctima que es mayor de edad pero que fue captada cuando era menor. Con esa información se se hizo un recorrido, se reconocieron los lugares donde fueron captadas, donde fueron embarcadas, y con la Digimin hicimos inteligencia en Huacho para identificarlos. Las víctimas los lograron reconocer y por eso pudimos detenerlos”, cuenta el comandante Lescano.
La policía junto a la Fiscalía Especializada en Trata de Personas y delitos conexos de Lima lograron detener a los 6 integrantes de la organización criminal el pasado 24 de marzo. Se trata de Tary Bardales Chumpitaz, Luis Millones Hernández, Paul González Puntillo, Joseph Tello Tapia, Deibis Rosales Sánchez y Maydory Montilla Terán. Ellos han sido acusados por el delito de trata de personas y algunos por violación sexual ya que también abusaban de las víctimas.
Tary, la líder de la banda de tratantes, tenía antecedentes penales por captar a jóvenes para ser explotadas sexualmente en discotecas de Miraflores. Incluso en plena pandemia por el COVID-19, Tary estaba ofreciendo a jóvenes por delivery. Según la policía, a través de un catálogo de fotos ofrecía a las menores para que tuvieran relaciones sexuales en hoteles de Huacho. Los supuestos tratantes están detenido en la Dirincri a la espera de que se les dicte prisión preventiva.
Casos como el de Huacho abundan en varias regiones del país y ni la pandemia por el COVID-19 los ha frenado. Según el Ministerio Público, entre el 2020 y febrero de este año, se han registrado 1.059 denuncias por el delito de trata de personas en las 13 fiscalías especializadas que hay en el Perú. Además, en ese periodo de tiempo se han identificado a 573 víctimas de este delito. La mayoría en Lima, Puno y Madre de Dios.
La fiscalía también ha registrado a 563 imputados por trata de personas, ha realizado 230 operativos y ha logrado 39 sentencias condenatorias.
La nueva norma
“La dignidad humana constituye el origen y el fundamento del estado constitucional de derecho y, por ende, es una garantía de la protección y desarrollo de los demás derechos fundamentales”, dijo el presidente Francisco Sagasti el lunes último, minutos antes de firmar y promulgar la Ley Nº 31146, norma que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Nº 28950, ley de trata de personas.
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A través de la norma se sistematizan los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, al considerarlos como delitos contra la dignidad humana.
“Esta norma tiene dos partes. La primera es la reorganización del Código Penal según la reubicación del delito de trata de personas y los relacionados con la explotación humana. Se ha creado un nuevo título que se denomina delitos contra la dignidad humana. Esto es novedoso porque es un derecho intransferible, no comercializable. Al sacar la trata de personas de los delitos contra la libertad estás dándole otro nivel al delito de trata de personas y estás diciendo que la afectación es a la dignidad. Eso significa que los jueces ya no van a poder decir que la víctima estaba ahí por su voluntad”, explica Ricardo Valdés, director ejecutivo de la ONG CHS Alternativo y exviceministro del Interior. La ONG proporcionó la asistencia técnica al despacho del congresista Gino Costa, impulsor de la norma.
En Francia, explica Valdés, el Código Penal considera la trata de personas y los delitos de explotación sexual y de índole laboral como infracciones contra la dignidad.
La fiscal superior Rosario López Wong, coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, coincide en que este nuevo título y la reubicación de los delitos de trata de personas y de explotación es un avance para la lucha legal que se hace contra los tratantes.
“A pesar del trabajo que se ha venido realizando aún en los casos concretos a nivel judicial, hemos tenido problemas por el supuesto consentimiento de las víctimas adultas. Normativamente al estar el delito de trata de personas en el capítulo de libertad sexual , a veces, las víctimas no ayudan, ante operadores no capacitados o poco concientizados. Al percatarse que las víctimas adultas decían que habían consentido, ya nos quitaban a nosotros elementos para poder sostener que sí era un caso de trata de personas, en cambio ahora que se tipifique contra la dignidad humana ya nos remite a un tema concreto que es la prohibición de instrumentalización de las personas así sean menores de edad o adultos porque la dignidad es la esencia y el núcleo de los derechos fundamentales”, opinó.
Además de este punto, la fiscal López Wong considera que uno de los aportes más importantes de la nueva norma es la protección de las víctimas a través de la reparación civil.
La ley incorpora dos artículos a la ley contra la trata de personas y tráfico de migrantes. El primero de ellos establece algunos parámetros básicos para que los jueces puedan determinar una reparación civil a las víctimas. Estos son los salarios impagos; los costos que demande su tratamiento médico, psiquiátrico y sicológico; los costos de su rehabilitación física, social y ocupacional, y una indemnización por la pérdida de oportunidades, empleo, educación y prestaciones sociales.
“Ellos (los tratantes) truncan el proyecto de vida de las víctimas. Ahora todos estos criterios van a servir sobre una línea de base para poder establecer una reparación civil, si bien es cierto no se va a reparar todo el daño, pero se acercará mucho a lo que la víctima debe recibir. Incluso se toman en cuenta los montos de daños y perjuicios”, señala López Wong.
El segundo artículo dispone que “cuando el patrimonio del condenado resulte insuficiente para hacer efectiva la reparación civil, el juez ordenará al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) o a la entidad que haga sus veces que el producto de la subasta de los bienes decomisados u objeto de extinción de dominio generados por dichos delitos sea destinado al pago de la reparación civil a las víctimas, de manera proporcional”.
Para López Wong y Valdés, este punto es crucial porque se podrá alcanzar la protección futura de la víctima luego de sobrellevar el proceso penal.
“La ley contra la trata se modifica y ahí interviene algo que es novedoso que para hacer efectiva la reparación civil el juez ordena al Pronabi que subaste los bienes incautados al explotador para hacer efectiva el pago de la reparación civil. Sin duda habrá un tiempo para que se acomode la norma pero ya hay una ley que te permite pelear por eso y que las víctimas tengan una reparación civil significativa”, agregó Valdés.
Por su parte, la fiscal López Wong estima que en un promedio de 6 a 8 meses ya se podría ver la aplicación de la nueva norma y con ello la ejecución de la reparación civil a víctimas de trata. Sin embargo, precisa que es importante que se haga un trabajo coordinado y riguroso para poder identificar los bienes y propiedades de los tratantes.
“Este es un delito de ganancia y ellos suelen ocultar el patrimonio mal habido o mal ganado. En cambio ahora los bienes van a pasar a titularidad del Estado que lo asume el Pronabi y en casos de trata de personas esta subasta pasará a formar parte de la reparación civil de las víctimas. En mi condición de coordinadora he pedido una reunión urgente y vamos a establecer las pautas para que esto se concretice”, aseguró.
Más información
A denunciar
Quienes tengan información sobre algún caso de trata de personas o de explotación sexual pueden denunciar el hecho en cualquier comisaría.
Línea gratuita
El Mininter dispone de una línea gratuita de ayuda: 1818. Atiende las 24 horas, todos los días. La fiscalía cuenta con el WhatsApp 93948-2768.
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