Una nueva tormenta se cierne sobre millones de hogares estadounidenses con bajos ingresos: el ambicioso proyecto de ley presupuestaria impulsado por la administración Trump plantea recortes sin precedentes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la red de seguridad alimentaria más grande del país. Si se aprueba tal como está, más de 2,7 millones de familias perderían parte o la totalidad de sus beneficios, un golpe directo al bolsillo de quienes más lo necesitan.
El SNAP no es solo un programa de ayuda. Es un salvavidas económico para más de 40 millones de personas, muchas de ellas adultos mayores, personas con discapacidad y familias trabajadoras con hijos. Sin embargo, los recortes propuestos de 300 mil millones de dólares no solo reducirían el apoyo federal, sino que también trasladarían buena parte del costo a los estados, creando una carga fiscal descomunal en gobiernos locales ya presionados por presupuestos ajustados.
La misión del SNAP es eliminar el hambre y mejorar la nutrición y la salud (Foto: EFE)
¿CUÁNTO COSTARÍAN LOS BENEFICIOS DEL SNAP A LOS GOBIERNOS ESTATALES BAJO EL NUEVO RÉGIMEN?
Bajo el nuevo esquema, cada estado tendría que asumir al menos el 5% del costo del SNAP, y los que cometan errores de pago —por exceso o por defecto— tendrían que cubrir hasta un 25%. Además, los estados pasarían a cubrir tres cuartas partes de los costos administrativos. En números simples, se trata de cientos de millones de dólares anuales que los estados, sin la capacidad de endeudarse como el gobierno federal, no podrán absorber sin recortar otros programas clave.
Y ahí comienza el efecto dominó. Si los estados no pueden costear el nuevo régimen del SNAP, se verán obligados a reducir beneficios o recortar servicios públicos esenciales. Este círculo vicioso se agrava con una paradoja dolorosa: cuanto más recorten los estados, más errores administrativos podrían cometer, y mientras más errores cometan, más caro les saldrá el programa. Es una trampa presupuestaria disfrazada de eficiencia.
Los cupones de alimentos SNAP se pueden canjear en tiendas autorizadas en Estados Unidos (Foto: Paul J. Richards / AFP)
MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS, EL IMPACTO HUMANO ES ALARMANTE
Según el Urban Institute, un SNAP debilitado podría empujar a 900,000 personas adicionales a la pobreza si el país entra en recesión. Pero el hambre no solo afecta al individuo: también golpea al sistema económico. SNAP actúa como un “multiplicador económico”, manteniendo en funcionamiento los supermercados y proveedores de alimentos en comunidades vulnerables. En tiempos de incertidumbre, este tipo de red de apoyo estabiliza mercados enteros.
Además, los cambios en los requisitos laborales propuestos ponen en riesgo a millones de familias trabajadoras. El nuevo límite de tres meses de beneficios para adultos sin discapacidad —incluidos padres de niños en edad escolar y algunos adultos mayores— no considera la realidad del trabajo informal, intermitente o de temporada. Esta medida expulsaría a 1,5 millones de familias del programa y recortaría beneficios a otras 1,2 millones.
Contrario a la narrativa de que el endurecimiento de requisitos laborales incentiva el trabajo, la mayoría de los beneficiarios del SNAP que pueden trabajar ya lo hacen. Simplemente, sus empleos no alcanzan las 80 horas mensuales exigidas. Para muchos, la vida es una serie de contratos temporales, changas o cuidados familiares que les impiden cumplir con el umbral exigido por esta reforma.
Cabe mencionar que aún no todo está dicho. El proyecto de ley debe pasar por el Senado y aún puede sufrir modificaciones. Pero el reloj avanza, y con él, la posibilidad de que millones de estadounidenses vean desaparecer la ayuda que marca la diferencia entre la seguridad alimentaria y el hambre.
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