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Estados Unidos intenta forzar a Facebook para que rompa el cifrado de su conocida aplicación Messenger. Así el gobierno estadounidense podría facilitarle a los agentes de la ley la posibilidad de escuchar conversaciones de voz de sospechosos envueltos en investigaciones criminales, según afirmaron tres expertos en el tema.
El caso en una corte federal de California, que revivió el debate de si las empresas pueden ser obligadas a alterar sus productos para permitir la vigilancia, avanza de forma confidencial, por lo que no hay registros públicos disponibles, pero las tres personas dijeron a Reuters que Facebook está disputando las exigencias del Departamento de Justicia.
El juez del caso escuchó el martes los argumentos sobre una moción del Gobierno para declarar a Facebook en desacato debido a que se rehusó a cumplir la solicitud de vigilancia, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.
Facebook y el Departamento de Justicia rehusaron hacer comentarios.
El tema de Messenger surgió en Fresno, California, como parte de una investigación a la pandilla MS-13, dijo una persona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele usar a la pandilla, que opera en Estados Unidos y Centroamérica, como un símbolo de las políticas de inmigración laxas del país y como una razón para criticar las llamadas leyes de "santuario" que impiden que la policía detenga a la gente sólo para aplicar las leyes migratorias.
Las empresas de tecnología, que se ven a sí mismas como defensoras de la privacidad individual y son presionadas por la policía y legisladores, enfrentarían grandes consecuencias si las agencias de la ley las obligan a reescribir su software para registrar y transmitir datos previamente cifrados.
Facebook dice en la corte que las llamadas de voz de Messenger están cifradas de extremo a extremo, lo que significa que sólo las dos partes tienen acceso a la conversación, dijeron dos personas informadas sobre el caso.
Los mensaje de texto comunes en Facebook, Gmail de Alphabet Inc y otros servicios son descifrados por los proveedores del servicio durante la transmisión para propósitos de publicidad especializada o de otro tipo, lo que hace que puedan ser interceptados bajo una orden judicial.
(Fuente: Reuters)
