El presidente de Chile, Sebastián Piñera, alertó este lunes que vetará un proyecto de ley presentado por miembros de la oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos durante la ola de protestas iniciada en octubre de 2019, la más grave desde el retorno a la democracia.
“Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general y anticipa que, en caso de que el proyecto avance y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación”, anunció el mandatario conservador.
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La iniciativa legislativa, presentada la semana pasada por un grupo de parlamentarios opositores de izquierda y centro-izquierda, es un “mal proyecto” porque “atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho”, apuntó Piñera en una declaración pública.
Chile vivió a finales del año pasado la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y más derechos sociales.
Las revueltas, que ya han bajado de intensidad aunque sigue habiendo concentraciones los viernes en el centro de Santiago, dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público.
Los parlamentarios reconocen en el proyecto que los actos por los que se detuvo a un gran número de personas son punibles en la legislación chilena, pero aseguran que los delitos se cometieron en el marco de “una respuesta estatal desproporcionada, seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales”.
Además, denuncian un abuso desmedido de la prisión preventiva, pues hay presos que llevan más de un año detenidos sin haber sido aún sometidos a juicio.
El presidente negó la existencia de “presos políticos” en Chile, como los denominan los manifestantes, e indicó que los detenidos lo están “no por decisión del Gobierno ni de la Fiscalía. Están privadas de la libertad por decisión de los tribunales de justicia, del Poder Judicial, que es un poder autónomo e independiente”.
“En una democracia, todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente. Sin embargo, quienes cometen delitos deben ser investigados por la Fiscalía y juzgados por los tribunales”, añadió.
No es el primer proyecto de indulto general presentado por la oposición. El pasado octubre, durante el primer aniversario del denominado estallido social, otro grupo de parlamentarios presentó una iniciativa similar, que también fue rechazada por el Gobierno.
Según datos del Ministerio Público, la Fiscalía formalizó hasta el pasado octubre a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las protestas, 648 de los cuales se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.
Además, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos en la dispersión de las marchas, pero sólo 75 agentes han sido imputados.
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Morir lentamente" en el sótano de un edificio público en Venezuela. (AFP).
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