Las familias “sin techo” en Chile llegan a su máximo histórico desde 1996

Un total de 81.643 familias en Chile viven asentadas en campamentos irregulares, un 74 % más que las consignadas en 2019 y cifra que supone el “máximo histórico desde el año 1996”, según un estudio publicado este jueves por TECHO-Chile y Fundación Vivienda.

El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, elaborado en terreno por estas organizaciones, se centra en unidades socioterritoriales de ocho o más familias que no tienen acceso al menos a uno de los servicios básicos: sanitario, agua potable y/o energía eléctrica, además de encontrarse en “situación irregular de tenencia de terreno”.

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Desde 2011, acusa el informe, Chile vive un avance progresivo en la “campamentación”, haciéndose cada vez más evidente la profundidad del problema de acceso a la vivienda que enfrenta el país austral.

Sin embargo, el salto observado entre los años 2019 y 2020 “representa un quiebre estructural en la tendencia al alza” registrada en periodos anteriores, fenómenos “que puede atribuirse a eventos (...) que tuvieron un impacto significativo en los ingresos de las familias: el estallido social y la pandemia por covid-19”.

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Entre 2019 y 2020, los campamentos aumentaron en un 20,3 %, pasando de 802 a 969, pero fue su dimensión la que registró el mayor incremento: de un promedio de 77 familias por campamento, hoy se tiene a 139.

La mayor concentración de campamentos en Chile se encuentra en la Región de Valparaíso, con un 29,2 % de los asentamientos, en su mayoría construidos con materiales rudimentarios y contrachapado en las laderas vacías de cerros y quebradas.

Por su parte, la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital del país, Santiago, alberga el 28,8 % de los asentamientos irregulares, aunque al igual que en Valparaíso registró aumentos importantes: de 5.991 pasaron a 19.444 familias bajo estas condiciones.

Chile, que por estos días se encuentra sumido en una segunda ola de la pandemia que a la fecha ha cobrado la vida de más de 22.000 personas -considerando solo casos confirmados-, ha sufrido duros embates económicos producto de las medidas restrictivas contener la covid-19.

Para mitigar estos efectos, el Congreso aprobó en julio de 2020 un inédito retiro del 10 % de los fondos previsionales, del que se benefició un 94,4 % de los 11 millones de afiliados al sistema.

Los pagos efectuados por las empresas administradoras alcanzaron los 16.000 millones de dólares, y si bien el Gobierno reconoció el positivo impacto en el consumo y reactivación económica, no fue suficiente.

En diciembre pasado un segundo retiro de fondos fue aprobado por el Parlamento y por estos días se discute un tercero, mientras el 74 % de la población se encuentra bajo cuarentena total.

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