El acceso a la información: foto 2018, por Eduardo Luna Cervntes

El 25 de abril, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Antaip) presentó públicamente el Informe Anual 2018 sobre las solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) que tramitaron las entidades del Estado. Es un informe que se presenta al Congreso de la República cada año dentro del primer trimestre y que permite saber qué información le interesa a la gente del Estado y cómo se comporta este cuando se la solicitan. Hay varias novedades.

Primero. El número de SAIP ha aumentado en 16% respecto al 2017. Al menos 278 mil solicitudes de ciudadanos se han reportado. Ello permite apreciar un incremento en el ejercicio de este derecho que, como sabemos, le confiere a su titular el acceso a información que produzca o posea el Estado, sin necesidad de expresar motivo alguno, y siempre que sufrague el costo de reproducción de la misma. Queda excluida, por cierto, aquella información de naturaleza secreta, reservada y confidencial, en los términos de la ley de la materia, la Ley 27806.

Segundo. Del universo estudiado, 515 entidades, el Poder Ejecutivo es quien más SAIP tramitó: poco más de 160 mil (57%). Le siguen en segundo y tercer lugar los gobiernos locales (municipalidades provinciales 20% y municipalidades distritales 14%) y los gobiernos regionales (5%). A decir de lo reportado, hubo un alto nivel de solicitudes atendidas, 97,3% (271 mil); un bajo nivel de no atendidas, 2,3% (6 mil); y un ínfimo que se encontraba en trámite al momento del requerimiento, 0,4% (1.249). Los ejemplos extremos en ambos casos son el Poder Ejecutivo, con 99% de atención, y las municipalidades distritales, con 9,1% de no atención.

Quienes más han solicitado información, del universo que constituye este rubro de información, son los hombres (62%). Las SAIP de mujeres representan un 38% de la muestra.

Tercero. Lo que más se solicita es información que produce la entidad como parte de su actividad administrativa (opiniones, informes, reportes, estudios, expedientes, entre otros), 34%. Le sigue la información sobre el personal (remuneraciones, cargos, régimen laboral, etcétera), 10%; datos generales de la entidad (directorio, normativa, entre otros), 8%; y sobre proyectos de inversión, 6%. Cuando no se entregó información, se adujo la no entrega por parte del funcionario poseedor de la misma (48%), su no ubicación (15%) o la falta de capacidad logística o de personal para reproducirla (11%), entre las principales razones.

Cuarto. El 67% de las entidades (346) informó del cumplimiento de la obligación de nombrar al funcionario responsable de tramitar las SAIP. El 26% (133) no lo hizo y el 7% (36) no precisó. De las que cumplieron, el 15,3% publicó esta designación en “El Peruano”; adicional o alternativamente, el 57,5% lo hizo en su página web o portal de transparencia estándar. Un dato llamativo es que se reporta un bajo nivel de procedimientos administrativos sancionadores instaurados contra servidores públicos: apenas 5% de las entidades instauró uno. De este universo (27), solo 6 impusieron sanción: 5 amonestaciones y 1 suspensión sin goce de haber.

Quinto. Hay buenas prácticas reportadas y necesidades. Entre las primeras, protocolos céleres de atención interna de las SAIP, digitalización, implementación de software para hacer seguimiento en línea, sistemas de alertas para el cumplimiento dentro de los plazos, subsidios a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre otras. Respecto a las necesidades, se reporta la capacitación a funcionarios (64%) como la de más urgencia. La necesidad de ampliación del plazo de 10 días hábiles para la atención de SAIP, la de menos (35%).

Hay mucha información del Estado que sugiere avances, pero todavía no tenemos los instrumentos para registrar los niveles de satisfacción ciudadana. Hace falta virtualizar el proceso de tramitación de las SAIP y tener una plataforma única en el Estado para ese cometido. Esto tiene ventajas para los ciudadanos, que podrán seguir en línea sus solicitudes, así como para las entidades, ya que podrán responder pedidos múltiples y ahorrar costos de reproducción. La información recabada sugiere líneas de investigación sobre la efectividad del derecho y áreas de priorización para el trabajo de la Antaip.

La información es vital para generar políticas públicas efectivas y eficientes. Estos reportes periódicos son un comienzo en la larga ruta por instalar una cultura de la transparencia en el Estado.