En defensa de la Constitución, por Alberto de Belaunde

Las recientes declaraciones de algunos colegas congresistas, en las que sugieren la posibilidad que tendría el Congreso de la República de desconocer lo que disponga el Tribunal Constitucional en el caso de la denominada ley antitransfuguismo, deben preocuparnos a todos quienes nos sentimos comprometidos con el principio de la seguridad jurídica y con la idea fundamental del respeto al Estado constitucional de derecho. Ello, independientemente de nuestra postura sobre la norma cuestionada, pues lo que se ha puesto en tela de juicio es la propia autonomía y el respeto institucional del Tribunal Constitucional, organismo encargado de impartir justicia que, de acuerdo con nuestro propio sistema jurídico, es considerado como el supremo intérprete de nuestra Constitución.

En este sentido, si bien la política puede servir como un espacio para discrepar e incluso defender posiciones controversiales, ello no puede tener como consecuencia el desconocimiento de lo que ordena nuestra Constitución, que es precisamente el resultado del acuerdo político que sostiene nuestros derechos fundamentales, y al que hemos decidido someternos todos los peruanos. Así las cosas, el debate que se ha suscitado en torno a la vinculación del Parlamento al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, debe ser aprovechado como la excelente oportunidad que es para recordar y esclarecer los principios constitucionales que sustentan nuestra propia convivencia social y política: aquel marco infranqueable que le da sentido a nuestra comunidad política, de la que nadie puede ni debe quedar sustraído.

El control constitucional de las normas es uno de los mecanismos más importantes con los que cuenta nuestro sistema legal para defender la primacía y eficacia de los principios y derechos consagrados por nuestra Constitución. La experiencia nos ha demostrado que el ejercicio del poder, independientemente de cuáles sean las intenciones de quien lo ejerza, puede llevar a resultados inconstitucionales. Aquí es donde el principio del Estado constitucional de derecho juega un rol preponderante para explicar la importancia de respetar los fallos del Tribunal Constitucional.

Bajo dicho modelo de Estado, las normas constitucionales resultan exigibles tanto a las entidades públicas como a las privadas, por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, y su respeto y fuerza vinculante no pueden depender de la voluntad de una autoridad que las reconozca. Con mayor razón entonces, si una autoridad actúa contraviniendo una norma constitucional, el Tribunal Constitucional debe cumplir con el mandato de protección que se le ha conferido, cuestionando y, en última instancia, expulsando de nuestro sistema legal dicha norma.

Y la Constitución no ha establecido excepciones: no existen “islas” exentas de control. Todas las entidades, incluido el Congreso de la República, deben acatar las sentencias del organismo constitucional.

Dicho ello, es importante precisar que nadie, ni siquiera el supremo intérprete de la Constitución, está libre de la crítica de la opinión pública. Por el contrario, en una democracia robusta, el derecho de crítica sirve para promover y fortalecer un constitucionalismo vivo, a través de la difusión a los ciudadanos del contenido de las sentencias constitucionales. Alentamos la discrepancia, pero de ninguna manera podemos tolerar el desacato a un pronunciamiento firme del tribunal. Debemos recordar a los “rebeldes constitucionales” que su propuesta no solo socava la legitimidad del guardián de nuestra Constitución, sino que, además, los convierte a ellos en infractores constitucionales, pues están atentando contra los principios democráticos y constitucionales que juraron respetar al asumir su cargo de congresistas.

Como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, invoco a mis colegas congresistas a que desistan de esa actitud antidemocrática e infractora del orden constitucional y que, en lugar de ello, canalicen su descontento, como lo hacen todos los ciudadanos que pierden un proceso judicial, dentro del sistema democrático: acatando la decisión de la autoridad competente y expresando su discrepancia respecto de las razones ofrecidas por el Tribunal Constitucional para tomar su decisión. El camino correcto para fortalecer nuestra incipiente cultura constitucional es precisamente el de fortalecer el diálogo más allá del propio proceso constitucional. Si queremos una Constitución que se mantenga viva en la cultura política de nuestro país, debemos empezar por recordar que el respeto a la eficacia de las decisiones del Tribunal Constitucional es un valor innegociable, a partir del cual todos los peruanos quedamos legitimados para ejercer nuestro derecho de crítica. Y no al revés.