Los derechos de las personas LGBTI, por Eduardo Vega Luna

“En febrero del 2015, un niño de 12 años se suicidó en su humilde cuarto de Iquitos. Los chicos que un día, en su colegio, lo escupieron y le dejaron cicatrices de burlas, entonces llevaban flores a su velorio y lo lloraban como se llora a los héroes caídos. Un día antes, su padre lo había rapado al enterarse de que era gay. Hoy, un año después y pese a las crueles estadísticas, este tema parece no importarle a nadie”. Así inicia el artículo del periodista Luis Páucar, quien recibió este año el premio Periodismo que Llega sin Violencia. 

Esta historia resume la violencia, agresión y muerte que muchas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) afrontan en el Perú y que exige de las autoridades una decisión clara para contar con una política pública que atienda esta grave situación.  

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Perú se produjeron 17 asesinatos y siete agresiones a la integridad de estas personas en el 2013 y la fiscalía y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos identificaron al menos 38 muertes violentas entre el 2012 y 2014. 

Pero no solo la vida y la integridad de las personas LGBTI son vulneradas. También afrontan un grave estigma en los servicios de salud, serios problemas para el reconocimiento de su identidad de género, ‘bullying’ homofóbico en las escuelas y dificultades en el acceso a trabajos dignos. En suma, una situación de discriminación, exclusión social y desprotección por parte del Estado que tiene que acabar. No podemos aceptar que la respuesta hacia las personas LGBTI sea la incomprensión, la indiferencia y la negación de su dignidad como personas.  

Frente a ello, el Informe Defensorial Nº 175 “Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú” plantea al Estado brindar una cobertura real a los derechos fundamentales de este colectivo. Así, planteamos al Congreso considerar expresamente a las personas LGBTI como población vulnerable a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y diseñar una política pública a su favor. Igualmente, recomendamos aprobar una ley de identidad de género que permita a las personas trans el cambio de nombre y/o sexo en sus documentos de identidad y reiteramos la necesidad de contar con una ley para el reconocimiento de la unión civil de personas del mismo sexo. 

También es necesario modificar el Código Penal para que no queden impunes los casos de discriminación basados en la orientación sexual o identidad de género de las personas. 

Ciertamente, no son las únicas medidas. Pedimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incorporar a la población LGBTI en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que el Ministerio de Salud incremente el presupuesto de la estrategia de VIH/sida para mejorar la cobertura e implementar servicios específicos en salud sexual, reproductiva y mental.

Igualmente, es importante la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGBTI en la formulación de estadísticas que permitan un diagnóstico de sus necesidades y la adopción de estrategias a su favor por parte de las distintas entidades del Estado.

Tenemos que despojarnos de nuestros prejuicios hacia la comunidad LGBTI y optar por construir una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad. La igualdad en democracia es el único camino que genera cambios trascendentes en la vida de las personas. Por ello, tenemos que luchar contra la indiferencia y el odio y enfrentar la discriminación hacia este colectivo de personas. Tenemos la convicción de que las más altas autoridades del Estado adoptarán medidas para que cambie radicalmente esta situación.