Vacunando a las microfinancieras, por Diego Winkelried

El 48 por ciento del crédito otorgado a cerca de 3 millones de mypes proviene de entidades financieras especializadas en microfinanzas: cajas municipales, cajas rurales y Edpymes. Estas instituciones han cumplido un rol central en el proceso de inclusión financiera y son importantísimos aliados para las políticas de mitigación de los efectos de la crisis económica.

Actualmente, las mypes están presentando dificultades para pagar sus créditos y ha ocurrido un deterioro sostenido, aunque aún manejable, en las carteras de las microfinancieras. Reconociendo que ello no responde a una mala gestión, el jueves 15 se promulgó el DU-37-2021 que establece un programa temporal y preventivo de fortalecimiento patrimonial para estas instituciones, a través de la inyección de capital por parte del Gobierno o la compra de deuda subordinada.

Sin embargo, dos leyes recientemente aprobadas por el Congreso contravendrían los esfuerzos del DU por mantener la solidez de las microfinancieras.

La primera norma es la que permite el retiro del 100% de los depósitos CTS. La norma, en esencia, convierte un depósito de largo plazo en uno de corto plazo. Ello haría que las entidades financieras que no cuenten con suficientes fondos disponibles para atender tales retiros enfrenten serios problemas de liquidez. Las microfinancieras son vulnerables a esta presión. Mientras que en el promedio del sistema financiero los depósitos CTS representan el 6% del total de depósitos captados (5% para los bancos), estos constituyen la quinta parte del total depositado en las cajas municipales (18%) y casi la cuarta parte en las cajas rurales (23%).

La segunda norma es la que impone topes a las tasas de interés. Esta afectaría a las entidades financieras y microfinancieras de manera desproporcionada, ya que las tasas de intereses más altas son, en general, las asociadas con los créditos más relevantes para las operaciones de estas entidades. Aún no se han determinado los límites, pero sí se han mencionado varias veces las experiencias de Chile y Colombia, cuyos límites equivalen a 1,5 veces la tasa promedio para cada tipo de crédito. Al aplicar este criterio a los créditos a la pequeña empresa, identificamos que 17 de estas entidades, que atienden a más de 240 mil clientes, cobran tasas “en exceso”. Para los créditos a las mypes, el criterio arroja siete entidades para cerca de 770 mil clientes. Finalmente, para créditos de consumo, también relevantes para estas entidades, hablamos de 5 entidades y casi 1,8 millones de clientes. Aunque no puede predecirse con certeza cuántos de estos créditos se ofrecerían a la tasa límite y cuántos simplemente dejarían de ofrecerse, es claro que estos topes podrían comprometer la salud financiera de las microfinancieras. Flaco favor a empresas que, de hecho, son bien gestionadas y cuyo impacto social es indiscutible.