Anne O. Krueger

La invasión rusa a ha elevado la atención por los problemas globales y la interconectividad. Además de las preocupaciones geopolíticas y de defensa, hay un interés renovado por el estado del comercio internacional. Después de continuar con las políticas comerciales destructivas del expresidente estadounidense durante más de un año, la administración de finalmente parece haber reconocido la importancia de las relaciones comerciales sólidas y viene consultando con la Unión Europea la posibilidad de ampliar la cooperación en comercio y tecnología, y con otros países en temas como la agricultura.

Una gran oportunidad para revertir el legado de Trump ocurrirá en junio, cuando los ministros de comercio de 164 estados miembros y 25 países observadores se reunirán en Ginebra para la duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La economía mundial necesita desesperadamente que se restablezca la OMC para que pueda desempeñar el valioso papel que fungió hasta antes de la presidencia de Donald Trump.

Es gracias a la OMC y a su predecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que el sistema de comercio multilateral abierto tuvo tanto éxito durante 70 años después de la Segunda Guerra Mundial.

Los principios esenciales de la OMC son tres: i) los países no deben discriminar entre otros miembros de la OMC en la administración de sus políticas comerciales, ii) los gobiernos deben tratar a los ciudadanos y entidades extranjeras dentro de su jurisdicción del mismo modo en que tratan a las empresas nacionales, y iii) todos los estados miembros deben mantener políticas comerciales abiertas, excepto en circunstancias especiales.

La OMC ha adoptado importantes protocolos adicionales sobre asuntos como el comercio de productos de tecnologías de la información, el comercio agrícola, la estandarización de los formularios aduaneros, etc. Igualmente, sirvió durante mucho tiempo como foro para resolver disputas comerciales entre países.

De hecho, su mecanismo de solución de diferencias (DSM) fue considerado como una de sus funciones más exitosas. En el caso de una denuncia, la OMC debía notificar al socio comercial del denunciante y fijar un plazo para las negociaciones directas. En caso de no haber una resolución satisfactoria, se nombraba un panel para escuchar el caso y presentar sus conclusiones. Si se determinaba que el país demandado había violado las reglas de la OMC, este podía modificar su comportamiento o recurrir al Órgano de Apelación, cuyos siete miembros eran designados por los integrantes de la OMC de manera consensuada para períodos de cuatro años. El fallo del Órgano de Apelación era vinculante para las partes.

Pero las cosas cambiaron cuando Trump asumió como presidente de Estados Unidos en el 2017. Además de imponer aranceles al acero, el aluminio y otros bienes (alegando dudosos motivos de seguridad nacional), exigir una renegociación de varios acuerdos comerciales e instigar una guerra comercial con China, EE.UU. se negó a aprobar nuevos nombramientos para el Órgano de Apelación de la OMC. Como resultado, el DSM ya no existe. En su ausencia, un grupo de 25 estados miembros y la OMC acordaron un Acuerdo de Arbitraje de Apelación Provisional de Múltiples Partes (MPIA, por sus siglas en inglés), que seguirá un proceso muy similar al DSM.

Si la administración Biden se dispone en serio a corregir los errores de su predecesor, podría usar la reunión de junio para unirse al MPIA y comenzar a negociar una nueva declaración de principios fundamentales. Luego, podría permitir una restauración completa de un DSM vinculante con criterios más claros para determinar las exclusiones por motivos de seguridad nacional, regular el comercio de productos para el cuidado de la salud y abordar los problemas ambientales.

Aunque los principios esenciales de la OMC, como la no discriminación, son muy deseables, la invasión a Ucrania por parte de Rusia representa una excepción obvia. Dicha agresión justifica sanciones tanto para obstaculizar las actividades militares rusas como para asegurar suministros para la coalición que apoya a Ucrania.

En abril, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, declaró que el país norteamericano y sus aliados no deben “permitir que los países usen su posición en el mercado de materias primas, tecnologías o productos clave para perturbar nuestra economía o ejercer una influencia geopolítica no deseada” y sostuvo que los acuerdos comerciales de EE.UU. debían de favorecer una política de “apoyo a países amigos”.

Pero dado que es igualmente importante preservar el sistema de comercio abierto, será necesario definir cuidadosamente este nuevo principio de política comercial. Existe el riesgo de que aquellos con motivos puramente proteccionistas se beneficien de la rúbrica de “apoyo a países amigos”, y hay otras dudas sobre el criterio para definir a esos “amigos”. ¿Qué sucede si un “país amigo” reemplaza su gobierno por uno hostil a EE.UU.? ¿Qué sucede si un productor de un “país amigo” utiliza insumos importados de un “país no amigo”? La doctrina del “apoyo a países amigos” debe aclararse para que no termine desalentando las cadenas de suministro y otras relaciones comerciales que beneficiarían enormemente a los socios comerciales.

Si esta política de “apoyo a países amigos” puede hacerse compatible con un sistema de comercio multilateral abierto y las normas de la OMC, se resolverá un espinoso problema de política pública. Sin embargo, mientras se abordan los detalles de este nuevo principio se deben realizar esfuerzos serios para promover el MPIA y una eventual restauración del DSM.


–Glosado, editado y traducido–

Project Syndicate, 2022

Anne O. Krueger es execonomista jefe del Banco Mundial. Esta es una columna especial de Project Syndicate

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