Omar Awapara

Contra lo que muchos esperaban, la más reciente iteración de la crisis política que vivimos fue gatillada por una bala de plata que, lejos de provocar un desenlace, tuvo el efecto que tiene un disparo al aire. Aunque el traquido de la cuestión de confianza causó un sobresalto entre actores y observadores, que anticipaban o una inminente disolución del o una vacancia presidencial, lo cierto es que con el paso de los días, todo indica que los reportes del fin del (o del Congreso) fueron prematuros, parafraseando a Mark Twain.

Y, sin embargo, surgen preguntas a medida que se disipa el humo. La más importante, me parece, es tratar de entender por qué el Ejecutivo decidió activar una ruta que claramente desemboca en un cierre del Congreso. No subestimo ni minimizo las tendencias autoritarias del Gobierno, pero esa vía va contra los intereses de una parte de su coalición (sus aliados parlamentarios) y representaría una apuesta arriesgada frente a la alternativa del statu quo, que le es por ahora favorable en su pugna con la oposición.

Disolver el Congreso implicaría, en un escenario, convocar a elecciones con una baja popularidad y arriesgar la estabilidad actual por una nueva distribución de fuerzas incierta. Quizás la tendencia al alza en las encuestas y el ejemplo de Martín Vizcarra, que vio un impulso en su aprobación tras confrontar y luego cerrar el Congreso en el 2019, sean el motivo. En otro escenario, también es posible que la pretensión sea ir más allá y terminar por impulsar el proyecto de asamblea constituyente y de concentración del poder, pero ello implicaría no solo avasallar el Congreso sino otras instituciones como el Tribunal Constitucional y contar ciertamente con la venia, al menos, de las Fuerzas Armadas, lo que aparece bastante complicado en el papel.

¿Por qué sacudir el tablero y poner en riesgo, entonces, un empate o equilibrio en el sistema que hasta ahora le ha sido funcional al Gobierno? La decisión pareció tomar por sorpresa incluso a las bancadas oficialistas en el Parlamento y le dio bríos a una moción de vacancia que se suponía debía ser presentada cuando tuviese los 87 votos de su lado (y no antes). A la famosa acta del Consejo de Ministros que oficializa la pretensión del Ejecutivo, le siguió luego el nombramiento de Betssy Chávez, lo que reforzó la tesis de la confrontación.

Sin embargo, no es la primera vez que se interpreta una acción o designación ministerial como un mensaje beligerante de un Ejecutivo buscando chocar con el Congreso. Esa lectura la tuvieron algunos incluso el 29 de julio del 2021 cuando Pedro Castillo nombró a Guido Bellido a la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros y se ha tenido más de una vez desde entonces, como cuando el gobierno reflotó el tema de la asamblea constituyente luego de haberla guardada en un cajón.

Betssy Chávez es del ala más radical del Gobierno y ha sido ya censurada por el Congreso, pero es también alguien que ha estado cerca a Castillo desde hace mucho, y ese hecho suele ser un buen predictor de nombramientos en este gobierno. Y más importante, porque poco importa cómo interprete yo o algún otro analista esa decisión, es la reacción dentro del Congreso. Si bien el TC le bajó las llantas a la tercera moción de vacancia, al convertir la bala de plata en bala de salva, los propios actores dentro del Parlamento (y no me refiero a opositores u oficialistas, sino a los que importan en el margen, aquellos que pueden romper la barrera de los 87 votos) decidieron seguir una estrategia cooperativa, como se le denomina en teoría de juegos. Perdonar la defección de Aníbal Torres y confiar en que la colaboración se mantenga, sabiendo que la sombra del futuro todavía ofrece incentivos a ambos poderes para evitar el conflicto. A todas luces, el razonamiento para estos actores ha sido creer que el Gobierno no está encaminado a cerrar el Congreso y dejarlos sin sus curules, porque de lo contrario dejarían de cooperar.

¿Qué nos queda entonces como explicación? Repito. No niego la posibilidad de que haya una intención real de pasar al ataque al sentirse arrinconados por las investigaciones fiscales, por ejemplo. Pero hay una tendencia también constante en el Gobierno de tomar medidas cuyo fin parece ser distraer y simplemente ganar tiempo. Habría que contemplar la posibilidad de una estrategia como la que emplean los criminales en la película “Duro de Matar 2″, haciendo que el policía John McClane pase todo un día siguiendo pistas falsas, y en la que al final, llevan a la policía entera de Nueva York a concentrarse en una supuesta bomba en un colegio de la ciudad, con el verdadero objetivo de poder llevarse todo el oro de Wall Street desguarnecido. Sospecho que esto de jugar a apretar el botón también ayuda a desviar la atención de la captura patrimonialista del Estado y el reparto de cargos públicos a grupos afines al gobierno, que es lo que más parece interesarles.

Omar Awapara es director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más