Julián Palacín Gutiérrez, excandidato al Congreso por Perú Libre (en el 2020 y en el 2021), fue designado ayer como presidente del Consejo Directivo del Indecopi.
Julián Palacín Gutiérrez, excandidato al Congreso por Perú Libre (en el 2020 y en el 2021), fue designado ayer como presidente del Consejo Directivo del Indecopi.
Alex  Sosa

Profesor de Derecho Corporativo en ESAN

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Más allá de los sesgos políticos, cada Gobierno debe elegir a los profesionales técnicos más adecuados para dirigir las instituciones públicas, a fin de garantizar la confianza de la población y los mercados.

La reciente designación del nuevo titular del Consejo Directivo del suma otro cuestionamiento más al Gobierno sobre el personal que ha colocado en determinados cargos públicos. No olvidemos que se trata de una entidad clave para la fiscalización del correcto funcionamiento del mercado y la protección de la propiedad intelectual.

En la actualidad, se vienen presentando designaciones de funcionarios que no parecen tener la experiencia suficiente para los cargos que asumen. Para revertir esta situación, se requiere, por un lado, incentivar la meritocracia en los procesos de selección y, por el otro, blindar lo máximo posible a las entidades públicas de cualquier influencia política. Así, se garantizaría que las instituciones relevantes sigan ejerciendo su labor bajo los parámetros establecidos y sin sesgos que puedan poner en tela de juicio su capacidad técnica.

La designación a dedo de algunos directivos en el es un problema difícil de evitar porque siempre existe un componente político de por medio. Lo recomendable es que prime la meritocracia, pero la selección de estos profesionales se rige, muchas veces, por la confianza que el Gobierno de turno tenga hacia ellos.

Todo Gobierno debe ser consciente de que existen puestos donde se deben elegir a los técnicos más adecuados. Cuando eligen funcionarios a dedo, y estos no cumplen con el perfil profesional requerido, lo único que logran son más cuestionamientos y dudas sobre el manejo del país.

La mejor forma de blindar a las instituciones públicas claves para el desarrollo económico del Perú sería declararlas organismos constitucionalmente autónomos (OCA). Un ejemplo es el Banco Central de Reserva del Perú. Luego de la mala experiencia en su gestión durante los años 80, hoy es un OCA que se mantiene blindado de influencia política.

El Legislativo tiene la facultad para llevar adelante el nombramiento del Indecopi como OCA a través de una reforma constitucional, cumpliendo siempre con el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución.

Ahora mismo, todas las cámaras se posan en los funcionarios cuestionados, quienes tienen mucha presión para demostrar que son las personas idóneas para el cargo. Su falta de experiencia y/o grados académicos podría llevarnos a tener serias dudas sobre ello. Esperamos que se apoyen en profesionales técnicos para llevar a cabo su gestión y que puedan demostrar que el cumplimiento de sus funciones no cederá a presiones políticas.