¿Realmente se siente más seguro?, por Sofía Vizcarra Castillo

En las últimas semanas los medios han informado de la respuesta armada por parte de varios ciudadanos víctimas de robos. Hace unas semanas, por ejemplo, una persona en el Rímac se salvó de ser asaltada tras protagonizar un cruce de balas con una banda de marcas. Y el mes pasado, en Comas, el dueño de un chifa recién inaugurado intentó defenderse con una pistola de un asalto a mano armada.

Frente a la lentitud de un sistema de seguridad y justicia que poco o nada logra hacer en estos casos, y a la impotencia de ser despojados de sus pertenencias, muchas personas han decidido armarse para velar por su integridad. Las armas son para algunos usuarios civiles un mecanismo de protección frente a una situación que perciben como cada vez más insegura (85,8% de percepción de inseguridad para el año 2014 según el INEI).

No obstante, también hemos presenciado que estas situaciones han generado diversas complicaciones. Desde engorrosos procesos judiciales por la muerte de los asaltantes hasta lesiones físicas en terceros no involucrados en los asaltos. Frente a ello, surge la interrogante sobre el rol que las armas cumplen para sus portadores civiles: ¿garantía o problema de seguridad?

Según la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en lo que va del año se emitieron aproximadamente 60.000 licencias de uso de armas para defensa personal, lo que representa una cifra poco elevada para la región. 

Cabe precisar que la nueva ley de armas (Ley 30299), adoptada hace pocos meses, mejora las condiciones del control de armas de uso civil. Sin embargo, la misma Sucamec (2015) reporta que del total de armas incautadas de origen legal durante el 2014, el 69% de ellas estaban registradas con fines de uso de defensa personal. Es decir, estas armas destinadas a proteger a las personas son susceptibles de terminar en manos de la delincuencia y convertirse en un mayor problema de seguridad si no se cumple con un adecuado control.

Empero, las armas no son el único mecanismo al cual los civiles recurren para su protección. En diferentes lugares se han podido observar diversas respuestas a la inseguridad. Desde la contratación de compañías de seguridad privadas, el uso de cámaras, el enrejado de calles, la organización vecinal (en juntas o rondas, por ejemplo) hasta reacciones espontáneas y violentas como fueron los actos presenciados durante la campaña “chapa tu choro”. 

Estas respuestas no son siempre las más eficientes para frenar los actos de criminalidad (Bonilla, 2015), pero mejoran la sensación de seguridad. Esto nos indica que los peruanos hemos optado por responder con violencia (en diferentes grados), vulneración de derechos y restricción de libertades en nombre de preservar nuestra seguridad.

La desconfianza en instituciones como la Policía Nacional o el Poder Judicial supera el 50% de la población (según Ipsos Apoyo, 2015, en Lima Metropolitana). Esto alimenta la percepción ciudadana de que el Estado peruano es incapaz de proveerles un servicio de seguridad eficiente y confiable. Ello da pie a que las soluciones privadas se impongan. 

Sin embargo, este tipo de soluciones sin una debida regulación puede terminar agravando la situación no solo de seguridad, sino resquebrajando la convivencia social en el país.