Reserva moral: fuerza transformadora, por Óscar Ugarte

La indignación nacional y el rechazo a la corrupción aparentemente encabezada por el ex consejero presidencial Carlos Moreno han sido inmediatos y unánimes. Pretender lucrar con los recursos públicos destinados a la salud de los más pobres justifica esa indignación y ese rechazo.

De acuerdo con los audios publicados, desde su cargo de jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el referido personaje habría logrado tener una posición desde la cual negoció con altos funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS) para que su servicio tenga tarifas preferenciales cuatro veces más altas que cualquier otro hospital público del mismo nivel. Pero ello no solo en Lima, porque a la vez declaró haber iniciado el control de los servicios de salud de Loreto, basado en la debilidad regional, para ser suplidos por servicios privados desde la capital como parte del ‘negociazo’. Además, lo que sería su máximo plan inmediato: lograr que funcionarios venales deriven pacientes del SIS hacia una clínica privada, comprometiendo a médicos del hospital Loayza y al Arzobispado de Lima en una triangulación que evitaría pasar por los procesos normales de selección limpia y transparente, necesarios en toda relación público-privada. Y además “con las tarifas que el SIS le paga al Loayza”, se le escucha decir. Pero tenía planes mayores, porque alardeaba de que él podía poner al presidente ejecutivo de Essalud, dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y tener todo “planito” para extender tales negocios a esa institución a través de sus hombres de confianza. Y algo que no aparece en los audios, pero que sucedió semanas después: su designación oficial como integrante de la Comisión Reorganizadora de Salud Pol, es decir, de los servicios de salud de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. O sea, una “mina de oro” ampliada a todo el sector público de salud.

Corresponderá a la fiscalía determinar cuánto de lo dicho se concretó y cuánto quedó solo en intención. Por lo menos ya la ministra de Salud, Patricia García, declaró en reorganización el SIS y separó a Moreno de su base de poder en el hospital Loayza; el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, deslindó que el consejero no intervino en la designación del presidente de Essalud; y el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anuló la presencia de ese personaje en Salud Pol.

¿Pero tan corrompido está nuestro sistema de salud? Felizmente hay indicios de que no. La actitud valiente de quien o quienes aportan las evidencias de la corrupción son un ejemplo por seguir; el invalorable rol de los medios de comunicación que investigan y denuncian es una garantía; la respuesta oficial, aún con cierta vacilación inicial y tardanza, abre esperanzas; el rechazo expresado por los trabajadores del sector Salud, incluyendo a los trabajadores honestos del SIS que son la gran mayoría, y la indignación de la opinión pública nacional nos muestran que hay reserva moral en el país para erradicar la corrupción. Solo llama la atención la total mudez de los amigos del personaje, los que hasta ayer nomás lo apoyaban incondicionalmente y a su vez recibieron siempre su apoyo; aunque no importa, son ampliamente conocidos.

El sector Salud enfrenta una crisis que, con este escándalo y sus antecedentes, ha alcanzado magnitudes nunca vistas anteriormente. Pero toda crisis –según la sabiduría confuciana y la experiencia de personas y pueblos– es una oportunidad para el cambio y, por consiguiente, para el desarrollo de un sector clave para el país que requiere, de una vez por todas, consolidar y proyectar sus logros de décadas –¡que existen!– y sentar las bases de lo que debe ser una salud pública que se vaya fortaleciendo cada vez más en los ámbitos financiero, de cobertura y de servicios.

Confiamos en que las investigaciones iniciadas descubran a todos los implicados y se apliquen las sanciones más drásticas posibles, separando la paja del trigo. Confiamos en que las nuevas denuncias que los medios de comunicación vienen informando sigan dando en el blanco. Confiamos, por el bien de la población más necesitada que se beneficia del SIS, que esta institución no sea debilitada por el escándalo, sino que se reorganice poniendo por delante la voluntad de servicio y el buen gobierno. Confiamos en que todos los servidores públicos, sobre todo en salud, transformarán su indignación en el compromiso de luchar contra toda forma de corrupción, garantizando el buen trato y los derechos de los usuarios; y que demostrarán que la voluntad de servicio está por delante incluso de legítimos derechos individuales y gremiales. Confiamos en que el SIS recibirá el financiamiento suficiente para que, con nuevas autoridades y libre de corruptos, cumpla el rol para el que fue creado. Confiamos en que la necesaria colaboración entre todas las instituciones del sector Salud, incluyendo las relaciones público-privadas, se realicen en forma transparente, teniendo siempre como norte el bien social. Confiamos en que la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud cumplan su función fiscalizadora y supervisora. Y, sobre todo, confiamos en que el ciudadano de a pie, defendiendo sus derechos, alce su voz y denuncie todo acto de corrupción y comportamiento indigno, sea grande o pequeño.

Es decir, confiamos en que la reserva moral que sin duda existe en nuestro sistema convierta la indignación nacional en fuerza transformadora.