Este mes ha estado cargado de sorpresas en el contexto del Caso Lava Jato, el escándalo de corrupción más impactante que ha golpeado a América Latina, llegando a penetrar los niveles más altos del poder político en los 14 países en los que operó –a través de sobornos o financiamiento de campañas políticas– y generando pingües ganancias gracias al sobrecosto de grandes obras de infraestructura.
La dimensión y complejidad de las operaciones que lo componen auguran que, después de 4 años de haberse iniciado las investigaciones, recién estamos en los capítulos iniciales de lo que promete ser una serie por entregas al mejor estilo de Netflix.
En las últimas semanas, diversos acontecimientos han remecido a varios de nuestros países, en algunos casos con consecuencias negativas, y en otros, alentadoras. Veamos.
Jimmy Morales, presidente de Guatemala y ex cómico profesional, ensayó una broma de muy mal gusto. Como se sabe, hace casi 10 años, ante los altísimos niveles de grave criminalidad e impunidad en ese país, Naciones Unidas decidió crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una especie de fiscalía internacional con un equipo de 50 investigadores calificados de diversos países del mundo. La Cicig, que trabaja de la mano con la fiscalía guatemalteca, ha logrado éxitos notables en la lucha contra la corrupción, al punto que el ex presidente Pérez Molina y su vicepresidenta están en prisión tras haberse demostrado que lideraron una trama corrupta llamada La Línea.
Pues bien, la Cicig investiga al presidente Morales (cuyo hijo y hermano están presos por corrupción), y para ello pidió el levantamiento de su inmunidad. Morales reaccionó declarando persona non grata a Iván Velásquez, el impecable colombiano jefe de la Cicig, y ordenó su expulsión del país. La reacción de rechazo interno e internacional fue unánime (salvo los corruptos, claro está), y la Corte Constitucional declaró inconstitucional la orden presidencial. El presidente ha dado marcha atrás por ahora, pero esta ópera bufa está inconclusa.
En Panamá, la Corte Suprema de ese país, seriamente cuestionada por corrupción, decidió esta semana archivar el caso Finmeccánica, un escándalo de corrupción que involucra al ex presidente Martinelli y en el que sobran las pruebas. Pese a ello, la Suprema, retorciendo el derecho, cerró el proceso. Casi en simultáneo, la fiscal de la Nación, Kenya Porcell, declaró, en conferencia de prensa, en clara alusión al Poder Judicial y a otros oscuros actores, que “poderes políticos, económicos, mediáticos, de la banca y empresariales, están tratando de impedir que las investigaciones sean concluidas, amenazando e intimidando a los fiscales”. La corrupción siempre contraataca.
Sin embargo, en una nota positiva, un juez de Miami decidió el jueves conceder la extradición de Martinelli a Panamá, donde existen varias investigaciones en su contra, entre ellas, una por haber recibido, con sus hijos, decenas de millones de dólares de Odebrecht.
En Ecuador, el recientemente electo vicepresidente, Jorge Glas, ha sido procesado por corrupción, acusado de recibir sobornos para favorecer a Odebrecht con la entrega ilegal de contratos. El nuevo presidente, Lenin Morales, ha marcado distancia de Correa y ha prometido luchar frontalmente contra la corrupción.
En Venezuela, la chavista ex fiscal de la Nación Luisa Ortega ha fugado del país y viene acusando a Maduro y a varias otras altas autoridades de ese país de estar comprometidos en graves casos de corrupción. Dice contar con pruebas irrefutables. Venezuela es el país donde Odebrecht obtuvo más contratos.
En México, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, la gigante empresa petrolera estatal, ha sido acusado de recibir diez millones de dólares de Odebrecht para asegurar los contratos de la empresa brasileña.
Finalmente, en lo que a los peruanos nos toca, Joseph Maiman, amigo y encubridor de Toledo, se ha acogido a la colaboración eficaz, con lo cual no hay que ser pitoniso para saber que este “ya fue”.
¿Alguien duda de que la corrupción en la región es sistémica?
Sin embargo, cabe insistir en que esta crisis de proporciones abre una ventana de oportunidad para repensar nuestros sistemas de control, de inversiones, de compras, de financiamiento de la política y de cómo se hacen los negocios en esta parte del mundo. Si la dejamos pasar, tal vez no haya otra.
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