La megacomisión parlamentaria que encabezó Sergio Tejada hizo todo lo posible para que desde el primer día se le viera el fustán, es decir, su intención de inhabilitar políticamente a Alan García.
Nunca antes habíamos visto en el Congreso el adelantado afán por un resultado que ningún miembro de la megacomisión podía asegurar que saliese de una investigación que ni siquiera había comenzado.
Lo peor de todo es que el objeto de inhabilitación, Alan García, pasó rápidamente a convertirse, gracias a los deslices e infracciones de la megacomisión, no solo en el líder de la oposición, sino en dueño y señor de una chance electoral que ni él mismo podía imaginarla como posible.
La reciente crítica del presidente Ollanta Humala a la resolución judicial que anula el proceso seguido a García en la megacomisión no solo viene a confirmar una comunión de intereses por el mismo propósito, sino que deja prácticamente en ropa interior el objetivo real del gobierno, a través del Congreso: sacar al líder aprista del camino electoral del 2016.
Por la manera como se atan ahora los cabos, entre descuidos procesales y torpezas políticas, la megacomisión ha echado por la borda dos grandes oportunidades: una, la de haber realizado la mejor investigación parlamentaria de su vida; otra, la de haber presentado cargos debidamente sustentados contra el ex presidente García, que este quizás no hubiera podido revertir.
De esta manera pocos habrían tenido que dudar de la batalla anticorrupción del gobierno y Tejada no habría tenido ningún inconveniente en servir a la pareja presidencial la cabeza del líder aprista, en bandeja de plata.
Acusar a García, como lo ha hecho Humala, de “escabullirse” de la megacomisión, le hace más daño al segundo que al primero y trae al recuerdo el hábeas corpus que le permitió al hoy presidente salvarse (¿escabullirse también?) del proceso judicial por el ‘andahuaylazo’.
Un hombre de derecho, actualmente presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade, adversario, además, de Alan García, piensa distinto de quienes mal aconsejan a Humala, llevados sin duda por la adulonería cortesana. Para Chehade, no hay violación constitucional en la resolución judicial que anula todo lo actuado sobre Alan García, a causa de las alteraciones del debido proceso en la investigación realizada. “Lasresoluciones del Poder Judicial se tienen que acatar, nos gusten o no”, dice el jurista.
Así como la corriente populista y estatista del 85 le abrió las puertas a Alan García I y su desastre gubernamental, y el temor a la amenaza chavista que representaba Humala el 2006 produjo el Alan García II, convertido en liberal, el actual gobierno ha terminado creando lo que no quería: el Alan García III, del que muchos otros quisieran deshacerse antes del 2016.