Del escudo al olvido

“Ninguna respuesta alternativa, ni una demostración de solidaridad con ellos y sus pasajeros por parte de las altas autoridades del Estado”.
Ilustración: Giovanni Tazza

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Las cifras son de terror. Los muertos y heridos de las diferentes modalidades de transporte público afectan no solo a los que operan en Lima y Callao, sino también a quienes hacen servicio interprovincial desde hace meses.

Ellos están desesperados por el inconmensurable abandono e indiferencia gubernamental. Si al inicio anunciaron un escudo para protegerlos, con soldados en sus miles de vehículos, ello fracasó al día siguiente porque se habían necesitado más soldados de todos los que hay en el país para todo propósito. Después de eso vienen meses en los que solo hay olvido. Ninguna respuesta alternativa, ninguna demostración de solidaridad con ellos y sus pasajeros por parte de las altas autoridades del Estado.

Hace poco, la presidenta, haciendo un balance de los 100 días de su gestión en seguridad, sostuvo que los homicidios habían bajado en promedio de 7,5 al día a 6,5.

No sé si es consciente de ello o le dan información falsa, pero esto dista mucho de ser cierto. La verdad es que hay un grave problema con las cifras oficiales de homicidios, registradas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Veamos: el 12 de agosto en La Perla mataron de tres balazos a Jesús Vargas, chofer de combi. Sin embargo, fue registrado como muerte de causa desconocida. Un caso incluso más horrendo: Pedro Herrera, conductor de miniván, fue quemado vivo el 28 de setiembre. Mientras descansaba en un paradero de la Panamericana Norte, tres sujetos rompieron la luna lanzando un artefacto incendiario. La calificación, la misma: no se conoce la causa.

Esa modalidad de ocultamiento de la verdad se ha repetido en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, cuando en Caraz fue asesinada de un balazo en la cabeza la ‘China Polo’, periodista que era candidata al Gobierno Regional de Áncash.

Los casos se repiten recurrentemente y nadie se ha atrevido a desmentir a Juan Carbajal –ingeniero electrónico y analista de datos–, que ha hecho estos descubrimientos.

Es más, no son solo asuntos individuales: Carbajal ha documentado –y lo cito– que “la base de homicidios de la PNP infló artificialmente las cifras del 2025. Detectó 133 supuestos asesinatos de bebés de 0 años entre abril y junio, un pico que no aparece en [el] Sinadef ni fue reportado públicamente. Esa manipulación permitió al gobierno reportar falsamente una reducción del 24,6% en homicidios para el 2026, cuando la real sería apenas del 4,7%”.

La situación se agrava más cuando el analista descubre que también se está haciendo lo mismo en el número de personas con fiebre amarilla. “Sin una nota técnica ni explicación pública, han pasado de ser 48 para la semana 43 a 24 para la siguiente”.

En ambos casos, esto sucede en organismos que dependen del ministro de Salud. Hay que decirlo: estamos ante una presunta conducta delictiva.

Por esa razón es que –al menos para el tema del terror homicida– se justifica y se necesita el trabajo del Observatorio del Crimen y la Violencia BCP/CHS. Me refiero al seguimiento paralelo de los asesinatos de sicarios, en el que damos cuenta del nombre, lugar, edad, ocupación, etc., de las víctimas. No solamente registramos los homicidios, sino aquellos que se intentaron y no obtuvieron ese resultado. A eso lo llamamos el Índice del Crimen y la Violencia.

Mientras desde el gobierno se actuaba del modo descrito, el IDCV daba cuenta de 38 casos de homicidios y homicidios fallidos de transportistas para agosto. En setiembre, 34; en octubre, 40; y 16 en la primera quincena de noviembre.

¡No parece haber luz al final del túnel!

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