Estamos ante un parteaguas

La presidenta y sus ministros de Defensa e Interior han puesto toda la carne en el asador del Comando Unificado de Lucha contra el Crimen (CULC).

A mi juicio, una copia ahora con escenografía y fanfarria militar de lo que hizo Dina Boluarte, con el Cuarto de Comando, a su vez tomada del ‘situation room’ de los gringos. En el de Dina se informaba diariamente de los operativos y las capturas. Duró un mes. Es que todos los días hay resultados policiales. Ni siquiera cuestiono la veracidad de lo que se informa, sino que son acciones que en el pasado no detuvieron el crecimiento de la extorsión. Temo que se repetirá lo mismo en el que estrena Keiko.

En su columna dominical en El Comercio, Federico Salazar se preguntaba muy acertadamente: “¿A los extorsionadores en moto los perseguirán con tanquetas? ¿Los detectarán gracias a los visores nocturnos? Las facultades delegadas no deben darse para jugar ‘combate’. Solo deben darse para acciones específicas de un plan conjunto, ese plan es el que falta…”.

De hecho, ya tenemos un CULC para enfrentar a la minería ilegal en Pataz. Un mandato más acotado que el nuevo, que es mucho más ambicioso y que, también, viene acompañado de estados de emergencia renovados rutinariamente. Pues ha sido un tremendo fracaso por el lado de la corrupción y por el de la continuidad de la criminalidad violenta.

No son, pues, todos los militares y los policías honestos cumplidores de su deber y hay muchos que se corrompen. Así, hace poco ha sido detenido el director de inteligencia del CULC Pataz, un comandante del Ejército que usaba los recursos y la información privilegiada para extorsionar.

En cuanto a la capacidad de enfrentar el crimen es también un sonoro fracaso. El distrito de Pataz tiene entre enero y agosto un IDCV —indicador que suma homicidios consumados y fallidos— de 66,67 por 100.000 habitantes. Es fácil predecir que llegará a 100 por 100.000 a fin de año, una tasa 10 veces mayor al promedio nacional del 2025. De hecho, los crímenes han continuado en setiembre y octubre, no solo en ese distrito sino en otros también tomados por la minería ilegal.

Todos estos problemas palidecen con lo que ha descubierto el FBI en Pataz, en el marco del Escudo de las Américas, que en este aspecto específico es valioso.

Si bien no se le ha prestado casi ninguna atención en los medios de comunicación, el FBI ha revelado la existencia de una red de militares y policías de élite que colaboraban activamente con organizaciones de la minería ilegal.

De acuerdo con el FBI, estos efectivos filtraban información estratégica sobre los operativos contra los mineros ilegales. Gracias a esos datos privilegiados, las organizaciones criminales podían anticiparse a las intervenciones, reforzar su seguridad y, en varios casos, hasta habilitar a sus brazos armados para atacar a personal militar y policial en zonas declaradas en emergencia. Las mafias mineras les pagaban montos mensuales que oscilaban entre los US$10.000 y US$30.000.

Como es obvio, esta información con todo detalle ya está en manos de la presidenta. ¿Qué va a hacer? ¿Actuará de cara al país y dará su apoyo para que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan lo suyo, demostrando que no es cómplice de la corrupción? ¿O aplicará la Ley Rospigliosi que garantiza la impunidad de militares y policías que delinquen y que ella ha avalado públicamente?

Keiko Fujimori enfrenta un parteaguas, en el que se juega su imagen en los dos temas más sensibles para la población: crimen y corrupción. ¿Llegará al mes el Comando Unificado en la Lucha contra el Crimen?