Desmitificando

La mayor parte de partidos de izquierda está levantando como banderas electorales una asamblea constituyente y la denuncia de un “pacto corrupto” en el Congreso que ha aprobado leyes ‘procrimen’.

Dichas leyes buscan modificar artículos al amparo de los cuales se cometen violaciones del debido proceso y abusos en el contexto de la politización y criminalización de la política, y en general. Pero es verdad que en algunos casos se favoreció a congresistas investigados. Por ejemplo, para controlar los abusos que se cometían en la calificación de organización criminal, se subió el umbral a los delitos mayores de cinco años. Casos de corrupción, entonces, quedaron fuera. No obstante, políticos acusados por delitos de corrupción (José Luna, Waldemar Cerrón), que pretenden acogerse a esa ley, seguirán siendo investigados por el delito mismo.

Estas leyes, sin embargo, no han afectado la lucha contra la criminalidad propiamente dicha. Más bien, el Congreso ha dado un conjunto de leyes ‘anticrimen’. Por ejemplo, la que le devuelve la investigación preliminar a la policía, la que modifica el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la que regula los alcances de la legitima defensa y la que garantiza el principio de presunción de inocencia y brinda mayor protección al personal policial.

También la que crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, entre otras medidas. Asimismo, la relativa a la comercialización de chips telefónicos y la que fortalece la geolocalización y rastreo de comunicaciones, que va de la mano con el Decreto Legislativo 1611, dado gracias a facultades otorgadas por el Congreso, que autoriza a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a solicitar a la entidad financiera, a pedido de la policía, toda la información de la cuenta criminal: quiénes depositaron y a quiénes se envió el dinero recaudado.

Esta herramienta ha sido muy eficaz. Le permitió a la policía rastrear a los miembros de las organizaciones criminales de alias ‘Monstruo’ y ‘El Jorobado’, y de Desa II (venezolanos), Los Injertos del Rímac, Los Antitren (venezolanos) y Los Chuckys de Manchay, para luego detenerlos y congelarles sus activos. La UIF ha recibido un premio internacional por esto.

Según la policía, ya no quedarían más organizaciones criminales grandes en Lima. Las empresas de transporte atacadas por ellas operan libremente y ya no hay atentados con explosivos en Lima Norte. Pero las extorsiones continúan a manos de los remanentes, que incluso se afirman cometiendo asesinatos, y de “rateros”, que se convierten en extorsionadores. Ahora el foco se ha trasladado a Lima Sur.

Para seguir avanzando se requiere más tecnología, logística y, sobre todo, que el Ministerio Publico y el Poder Judicial actúen con inmediatez. El juez se demoró dos meses y medio para dar las prisiones preventivas de 29 miembros de la red del ‘Monstruo’. Igual con ‘El Jorobado’. La UIF creó una plataforma electrónica encriptada dándole acceso a la policía para develar con rapidez la trazabilidad de una extorsión. Lo mismo debería hacer el Ministerio Público, dándole acceso a policías y jueces y a las operadoras telefónicas para procesar de manera inmediata pedidos de geolocalización, así como allanamientos y presiones preventivas. Y poner más fiscales y jueces en las zonas calientes.

Lo que está fallando no son las leyes ‘procrimen’, sino la gestión.