Implicancias de una decisión estratégica

La compra de 24 F-16 Block 70 norteamericanos no es una simple adquisición de aviones de guerra. Es una decisión geopolítica que, además, tendrá consecuencias en el nivel permanente del gasto en defensa.

Podría ser vista como un corolario más de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que priorizó a América Latina como su zona de influencia principal, y que ya se ha expresado en acciones concretas en Venezuela y Cuba. Con esta compra el Perú no solo culmina el proceso de cambio de la matriz predominantemente exsoviética del armamento peruano, a una matriz occidental (incluyendo el acuerdo con Corea del Sur para fabricar submarinos y la compra de artillería a Israel), sino que reafirma una asociación estratégica con Estados Unidos en los temas de seguridad que ya se había anunciado con la dirección técnica norteamericana en la construcción de la Base Naval del Callao y el puerto espacial de Paita.

El propio gobierno norteamericano expresó su interés preferente en esta alianza al autorizar una negociación directa sin precedentes con la Lockheed para hacer posible un fuerte ajuste de su oferta inicial de 5.500 millones de dólares a los 3.500 millones presupuestados. La vida útil de estos aviones es de 40 años, lo que entraña una relación estratégica de largo plazo con la superpotencia.

El paquete comprende entrenamiento, ejercicios conjuntos, radares e intercambio de inteligencia. Y un componente de ‘offset’ que incluye inversión en infraestructura, centros de formación, exploración aeroespacial y producción industrial de tecnología. Todo un ecosistema que bien aprovechado puede potenciar nuestra capacidad tecnológica e industrial.

A esto habría que sumar, ya como parte de la iniciativa del Escudo de las Américas, un pedido que tendríamos que formular de asistencia tecnológica en la lucha contra las extorsiones, y el levantamiento del veto para derribar avionetas del narcotráfico.

Pero esta vez el Perú tendrá que preocuparse en mantener esos aviones de última tecnología, lo que implica un costo presupuestal permanente, y mejorar las pistas de aterrizaje. Una alianza activa obligará a hacerlo. Supone entonces un cierto salto en el nivel de gasto en defensa que deberá sostenerse. En la actualidad el Perú gasta alrededor del 1% de su PBI en defensa. Chile y Ecuador 2% y Colombia 3%.

Ese mayor gasto sería perfectamente financiable si a partir de agosto rompemos el ciclo anárquico e ingresamos a una era de estabilidad política y de reformas estructurales que nos permitan crecer a tasas muy altas, un escenario bastante probable. Lo contrario ocurriría si se diera el muy improbable resultado de un triunfo de Sánchez, si pasara a la segunda vuelta. No solo nos empobreceríamos, sino que la propia alianza estratégica sería cuestionada o contestada con aproximaciones al otro eje geopolítico, algo que ya se manifestó hace pocos días cuando el presidente Balcázar pretendió ignorar el proceso de adquisición y postergarlo al próximo gobierno.

En suma, una asociación estratégica que puede ser muy provechosa para el país, al mismo tiempo que manejamos adecuadamente la importante relación comercial y económica con China. Un equilibrio complejo que debemos aprender a manejar.