La promesa

El Perú no puede darse el lujo de tener los precios de los minerales que tiene y no crecer alrededor del 8% al año para reducir la pobreza cuatro o cinco puntos por año. Solo una de las dos opciones este 7 de junio plantea las reformas que se requiere para aprovechar esa oportunidad y para no seguir perdiendo el tiempo: refrescar o repotenciar las reformas de primera generación que se hicieron en los noventa, ya esclerotizadas, y ejecutar de una vez las reformas de segunda y tercera generación que quedaron pendientes y nunca se llevaron a cabo.

Claro, la profundidad de las reformas guarda relación con la profundidad de la crisis. La Argentina de fines del 2023 estaba al borde de la hiperinflación, con una pobreza muy alta, nulo crecimiento y poco empleo formal. En pocos meses Milei eliminó un déficit fiscal y cuasi fiscal del 15% del PBI, cerró ministerios y programas inútiles y consolidó un superávit fiscal permanente que le permite ir reduciendo impuestos y bajando la inflación. Al mismo tiempo ha eliminado 2.000 regulaciones y logró aprobar una reforma laboral, lo que le permite aumentar la inversión privada para crecer aceleradamente y formalizar el empleo.

El Perú a inicios de los noventa estaba incluso peor que la Argentina. Ante ello Alberto Fujimori abrió la economía, puso orden en las finanzas públicas, privatizó las empresas estatales (salvo Petro-Perú y las empresas de agua potable, que ahora son huecos negros) y eliminó permisos, licencias, subsidios y controles, devolviendo libertad económica (salvo en el terreno laboral). La hiperinflación fue abatida, la economía creció aceleradamente y llegamos a bajar la pobreza del 50% al 20%. Pero luego, a partir de la segunda década de los 2000, el Estado se volvió a llenar de regulaciones y trabas asfixiando a los emprendimientos.

También en los noventa se crearon varias islas de excelencia meritocrática, pero eso no ocurrió con los servicios públicos ni con el sistema judicial. En el 2002 se descentralizó el Estado transfiriendo los servicios públicos y casi el 70% de la obra pública a las regiones y municipalidades. Como consecuencia, los servicios han desmejorado pese a que los recursos han aumentado mucho. Y la corrupción se ha entronizado.

En el sistema judicial se implantó un nuevo código procesal penal muy garantista sin que la policía tuviera laboratorios de criminalística para cumplir con el nivel de pruebas. El resultado ha sido la impunidad.

El plan de Keiko Fujimori comienza por restaurar libertad económica, despejando la maraña de trabas y regulaciones, para liberar las fuerzas productivas. Luego vienen las reformas de segunda generación: meritocracia y digitalización en el Estado a todo nivel para mejorar los servicios y la obra pública y reducir la corrupción. También la reforma del sistema de salud, y la del sistema judicial con interoperabilidad, expediente judicial electrónico, unidades de flagrancia, simplificación del Código Procesal Penal y fortalecimiento de la capacidad policial.

La promesa entonces es ejecutar estas y otras reformas de segunda generación para volver a crecer a tasas altas, minimizar la pobreza, derrotar a la criminalidad y mejorar y modernizar los servicios públicos para que nadie se quede sin ser atendido.