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El ministro Urresti ha anunciado que investigará por lavado de activos a sus antecesores y a los ex directores de la policía, en referencia a quienes opinan sobre seguridad y, frecuentemente, cuestionan sus iniciativas. “Ahí saldrá finalmente quién ha sido honrado y quién no, ahí los quiero ver”, amenazó.
La bravata preocupa por dos razones. Uno, porque muestra a un ministro intolerante y dispuesto a abusar de su poder para neutralizar la crítica, algo propio de regímenes autoritarios. Dos, porque da cuenta de que está más preocupado consigo mismo y su carrera política, que con los problemas del país y que le tiene sin cuidado hacer perder el tiempo a la policía.
La lista de asuntos que tiene el ministro por esclarecer es larguísima y los recursos, escasos, como él mismo ha reconocido al señalar que se necesita fortalecer la inteligencia policial y la investigación criminal. Solo en lavado de activos la tarea es monumental. Veamos.
En los últimos 8 años la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), identificó 683 posibles operaciones graves de lavado de activos y remitió para su investigación al Ministerio Público un número igual de informes administrativos en los que se sustenta la necesidad de una investigación penal.
El dinero lavado como consecuencia de esas operaciones ascendía en setiembre de este año a 11 mil millones de dólares. Casi la mitad (46%) habría provenido del narcotráfico y el 38% de la minería ilegal. Otras fuentes fueron el contrabando (3%), la corrupción (2%) y la defraudación tributaria (2%). Los informes identifican con precisión los nombres de las personas involucradas (19 en promedio) y los mecanismos utilizados para el lavado.
Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de la calidad del trabajo de la UIF, aún no ha recaído sentencia en ninguna de las 683 operaciones de lavado identificadas. Aunque la UIF no hace seguimiento de los casos remitidos al Ministerio Público, cosa que debería hacer, los especialistas sostienen que los casos se quedan atracados en dicha institución.
¿Por qué? Primero, porque el Ministerio Público no contaba con fiscales especializados; recién en enero constituyó una fiscalía ad hoc, que desafortunadamente hasta ahora ha tenido tres jefes. Segundo, porque la policía tampoco tenía una unidad especializada, su creación se anunció en julio. Hasta entonces esta tarea estaba distribuida entre cinco unidades policiales diferentes, con poca capacidad investigadora. Tercero, porque ambas instituciones carecen de los peritos que las complejas investigaciones de lavado de activos demandan.
Si bien estas limitaciones no son exclusivamente atribuibles a Interior, sí le corresponde al sector liderar su abordaje con la fiscalía, pues es el ente rector del sistema nacional de seguridad. Ojalá que el ministro Urresti asuma la tarea y no se siga distrayendo con sus antecesores, ni pretenda distraer a la policía, que bastante trabajo tiene.
