El Perú (y la verdad) primero

La primera obligación que tiene un periodista es con la verdad y con la lealtad que le debe a la ciudadanía. Siendo este un principio elemental, existen contextos en los cuales dicha búsqueda de la verdad acarrea trances que, o bien refuerzan los pilares democráticos de una nación, o bien son aprovechados de manera mezquina para fines subalternos.

Lamentablemente, una vez más, es esta la situación en la que nos encontramos, y por ello es necesario invocar a los peruanos y a los liderazgos de todo tipo –pero principalmente a los políticos– a poner al país y a la razón por encima de los intereses y las pasiones.

La semana pasada, El Comercio publicó una nota de la Unidad de Investigación que daba cuenta sobre las declaraciones –ante la fiscalía– de un aspirante a colaborador respecto al proyecto Lomas de Ilo y un supuesto soborno al entonces presidente del Gobierno Regional de Moquegua (GRM), hoy presidente de la República, Martín Vizcarra. El informe fue publicado a sabiendas del contexto y los ánimos febriles que pululan en algunas facciones del poder político por vacar al mandatario. La decisión de publicar, empero, responde a la claridad con la que este Diario se ha manejado durante 181 años, y a la férrea convicción de que, por dura que sea, la búsqueda de la verdad debe prevalecer sobre los cálculos de cualquier tipo, pero también bajo la esperanza de que el país estará a la altura de las circunstancias.

Hoy, en un nuevo informe publicado por Graciela Villasís, proporcionamos nuevas luces sobre otro proyecto donde se habrían producido pagos ilícitos al hoy jefe del Estado. Al igual que en el informe previo, la denuncia cuenta con testimonios de personajes claves, y ya será responsabilidad de la fiscalía proseguir con las investigaciones.

Por supuesto, si la anterior nota generó una leve brisa oportunista en algunos sectores congresales, la acumulación de casos y el incremento de la carga probatoria desatarán otros vientos que podrían agudizar la crispación lo suficiente como para desembocar en otra campaña revolucionaria. Nuestra opinión, signada recientemente en dos editoriales, es que estos (y cualquier otro caso que aparezca) sigan los cauces establecidos por la Constitución; léase, que se defienda la investidura presidencial (no a la persona) y que, terminado su mandato, se investigue y procese al entonces ciudadano Martín Vizcarra.

Las democracias no se construyen de la noche a la mañana y son justamente las situaciones extremas las que abren la oportunidad para fortalecer nuestros cimientos. Invoquemos a los liderazgos políticos a poner al país y a la razón por encima de intereses cortoplacistas y ánimos revanchistas. A seis meses de un proceso electoral, no es sensato poner al país en otro trance procedimental que suponga, eventualmente, un cambio en el principal cargo del Estado, menos aún en medio de una crisis sanitaria y económica como la que vivimos. El Perú ha demostrado resiliencia frente a crisis de todo tipo, pero tampoco tentemos a la suerte.