"En nuestro país, para financiar campañas electorales, se inclinó la balanza por aquel de origen privado, en proporción al público, a diferencia de casi todos los países de la región". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"En nuestro país, para financiar campañas electorales, se inclinó la balanza por aquel de origen privado, en proporción al público, a diferencia de casi todos los países de la región". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Fernando Tuesta Soldevilla

Profesor de Ciencia Política de la PUCP

El azote que ha recibido la élite política peruana debido al escándalo de Lava Jato, a través de procesos penales, es de proporciones mayúsculas. No existe país de la región cuya élite política haya sido enviada a la silla de los acusados, como en el Perú. Si bien hay que esperar los resultados de este complejo y largo proceso judicial, lo que sí parece claro es que los y sus líderes fueron presa fácil –en forma voluntaria o no– de los largos brazos de la corrupción, a través del . Los partidos sólidos no son garantías para que la corrupción penetre; sin embargo, en partidos débiles, la tarea ha sido más que fácil.

Hemos insistido reiteradamente en cómo, de manera creciente, se abría una brecha entre los escasos recursos de los partidos políticos y el incremento de los gastos de campaña. Estos escasos recursos, en algunos casos nulos, eran síntomas de organizaciones débilmente estructuradas, altamente personalistas, muy concentradas en las tomas de decisiones, bajo anclaje programático y alto pragmatismo.

En nuestro país, para financiar campañas electorales, se inclinó la balanza por aquel de origen privado, en proporción al público, a diferencia de casi todos los países de la región. En concreto, aparte de la franja electoral, usada sobre todo por los candidatos presidenciales, el resto de la campaña se financiaba con aportes privados. El problema es que el marco regulatorio era insuficiente y este tipo de financiamiento es el más escurridizo de supervisar, por lo que se abría la puerta del dinero ilícito. Pese a los límites de los aportes que señalaba la ley, el dinero ingresaba por todos los rincones bajo diferentes figuras (‘pitufeo’, cocteles, etc.), para diversos objetivos (candidatos presidenciales, parlamentarios, gobernadores y alcaldes), donde los canales institucionales de los partidos (tesoreros, contadores, etc.) eran suplantados por los directamente beneficiados con los recursos, que no necesariamente conocían dichos circuitos por tratarse, sobre todo, de partidos con alto componente informal. Beneficios, por cierto, que implicaban una retribución futura, pues nadie aporta en una campaña a cambio de nada. Los partidos y candidatos, como señalamos líneas arriba, quedaron a expensas de los poseedores de dinero, sea formal o informal, legal o ilícito.

Se desarrolló entonces un círculo vicioso: partidos débiles y sin recursos; aportes privados que someten a partidos; candidatos que ingresan por dicha relación, pero que carecen de vínculos con la organización y son potenciales tránsfugas; partidos que se debilitan más y se convierten, si ya no nacieron así, en vientres de alquiler, para pasar a mercantilizar la política, desarrollándose más los núcleos de corrupción. El sistema así desata una dinámica corrupta.

¿Qué se puede esperar entonces para estas del 26 de enero? La gran mayoría de los candidatos lo harán en calidad de invitados, por lo que los vínculos con los partidos seguirán siendo débiles. Pero lo más importante, el sistema de voto preferencial, produce que cada candidato se convierta en un “partido” en sí mismo. Es decir, hará su campaña individualmente, gastando de la misma manera. Los partidos no financian las campañas de los candidatos al Parlamento, pero es altamente probable que los candidatos no entreguen toda la información sobre el origen del dinero y los gastos a la tesorería del partido para la rendición de cuentas en la ONPE.

Pero si bien cada uno baila con su pañuelo, también es cierto que las últimas modificaciones en las normas han sido parciales para el caso del financiamiento. Estas tendrán impacto en esta campaña, sobre todo, las aprobadas por el referéndum del año pasado. Se crea la figura penal para el financiamiento ilegal y, lo más importante, no se podrá comprar espacios en radio y televisión al margen de la franja electoral, lo que significa la reducción del 75% de los gastos de campaña. ¿Cómo será la campaña? Por calles y plazas y redes sociales. Eso “iguala” hacia abajo a los candidatos. Habrá menos gastos, menos dependencia, pero esta no desaparecerá. El dinero ilícito buscará a los candidatos para financiar las campañas y más de uno cederá ante la propuesta.