¿Temores infundados?

Si se confirman las proyecciones de diversos analistas, Keiko Fujimori será proclamada presidenta en las próximas semanas. Fujimori obtuvo un 17% de los votos válidos en la primera vuelta, pero fue capaz de ganar poco más de la mitad de los votos válidos de la segunda, superando las dudas que generaba su candidatura. Pero también es cierto que casi la mitad del país desconfía profundamente de Fujimori; peor todavía, para una buena parte de esos votantes, su triunfo constituye una suerte de agravio moral, al identificar el fujimorismo con la corrupción, el cinismo, el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos. No solo está la memoria de la década de los años noventa del siglo pasado, también la actuación de Fuerza Popular frente a los gobiernos de Kuczynski y Vizcarra, la no aceptación de los resultados de las elecciones del 2021 y las alegaciones de fraude sin sustento, sus votos a favor de las mociones de vacancia del presidente Castillo, el apoyo al gobierno de Boluarte, incluyendo discursos justificatorios de la represión de diciembre del 2022 y enero del 2023, y su apoyo a diferentes iniciativas del Congreso saliente, caracterizado casi unánimemente como uno de los peores de nuestra historia democrática.

Fuerza Popular fue parte de la mayoría creada con los gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcázar, que aprobaron normas que despiertan justificada preocupación. Están las que implican un populismo económico que ponen en riesgo la estabilidad económica; el uso del poder parlamentario para imponer sanciones e inhabilitaciones sobre autoridades de otros poderes del Estado y organismos autónomos; las normas que priorizan los derechos de los investigados y acusados por diversos delitos, subordinando la persecución de los mismos. Y también una preocupante agenda de impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos.

Ahora bien, es cierto que una cosa es ejercer cierto poder desde el Parlamento y seguir estrategias “defensivas” mientras las responsabilidades ejecutivas son ajenas, y otra es tener esa responsabilidad. En el terreno económico podrían hacerse evidentes estas diferencias: si Fujimori nombra a Luis Carranza como ministro de Economía, probablemente el Ejecutivo buscará recuperar la disciplina fiscal, pero podría enfrentarse a sectores del Parlamento más proclives a continuar con la dinámica de los últimos años. De otro lado, no basta con impulsar la gran inversión y apostar por la economía del chorreo, que podría abrir un nuevo ciclo de conflictividad social. Se ha señalado, correctamente, que Fujimori debería proponer iniciativas desarrollistas ambiciosas para la Sierra Sur, también como un gesto político. Pero no bastaría. También serían necesarios gestos que atiendan los sentimientos de agravio moral. Dentro de esto, Fujimori debería dar señales claras que disipen las preocupaciones ante riesgos autoritarios, no solo en cuanto a la autonomía de las instituciones, sino también ante la agenda de derechos humanos y ciudadanos en general.

Esto implicaría no solo constituir un Consejo de Ministros amplio, convocante y capaz de dialogar con todos los sectores políticos, sino también exigiría de la presidenta un liderazgo capaz de ‘disciplinar’ a su bancada y marcar un rumbo claro a sus alianzas parlamentarias, que podrían tener otros juegos e intereses. Si bien Fujimori tiene muchos años en la vida política, en el pasado tendió más bien a acomodarse a las cambiantes circunstancias que le tocó vivir; nunca le tocó como ahora encabezar responsabilidades ejecutivas y marcar un rumbo claro.