Norma Correa Aste

Una de las consecuencias de la crisis política recurrente que padece el es el empobrecimiento del debate sobre políticas públicas. El análisis sobre opciones de política fue muy débil durante la campaña electoral del 2021 (recordemos el lamentable “debate técnico”) y está prácticamente ausente rumbo a las elecciones regionales y municipales de este 2022. Discutir seriamente sobre políticas públicas es relevante para la ciudadanía, pues de su efectividad e impacto dependen los cambios –para mejor o para peor– en calidad de vida, oportunidades y bienestar.

El Perú tiene pendiente una discusión transparente e informada sobre la efectividad y continuidad de los estados de emergencia, protocolos y mandatos sanitarios generados en el marco del . Después de dos años y medio del inicio de la pandemia, es necesario que el Ministerio de Salud explique ante la opinión pública el sustento de las medidas sanitarias, pues la transparencia es clave para generar confianza. Promover la vacunación es crucial para evitar consecuencias graves por el COVID-19 y, en plena cuarta ola, el Perú aún tiene una brecha importante por cubrir en la población vulnerable. Sin embargo, es un error que el Ministerio de Salud (Minsa) persista en una comunicación basada en el miedo y en noticias inexactas.

Recientemente, el ministro Jorge López declaró en televisión nacional: “Decirle a los padres que firmen las autorizaciones de vacunación para que sus hijos no terminen en una cama UCI”. Este tipo de declaraciones no contribuye a una toma de decisiones informada y genera desconfianza, más aún cuando se compara con la forma cómo otros países del mundo vienen manejando la vacunación pediátrica.

Por otro lado, el sector educativo continúa atrapado en normativas que generan barreras para la recuperación plena de la experiencia de aprendizaje y socialización. Si bien el retorno a clases en nidos y escuelas (aplicado en marzo del 2022) fue un logro muy importante en el país con uno de los cierres educativos más prolongados del planeta, la agenda no se ha agotado con reabrir escuelas. Durante el primer semestre de este año, los cierres de salones y escuelas por la detección de contagios han sido frecuentes, evidenciándose discrecionalidad en la aplicación de protocolos y generándose disrupciones innecesarias en la rutina escolar y en la dinámica familiar. Asimismo, se requiere sincerar los costos y beneficios del uso obligatorio de mascarillas en infantes y escolares, pues su uso prolongado tiene implicancias en el desarrollo del lenguaje y bienestar. Es urgente actualizar los protocolos sanitarios aplicados a la educación con evidencia y aprendiendo de la experiencia comparada. Por ejemplo, Colombia retiró el uso obligatorio de mascarillas en instituciones educativas a mediados de mayo del 2022.

Examinar la efectividad y pertinencia de la normativa y protocolos vinculados al COVID-19 constituye un desafío complejo de política pública, tanto por la naturaleza dinámica de la pandemia, como por tratarse de un tema sensible para un país que ha sufrido una de las tasas más altas de mortalidad por COVID-19 del mundo y que cuenta con un sistema precario de salud. Empero, es una discusión indispensable para el bienestar de la ciudadanía, además de ser relevante para fortalecer la confianza en la salud pública y responder con mejores instrumentos a los impactos negativos generados durante la pandemia. La cooperación de la comunidad científica y médica es indispensable para avanzar, pues la capacidad técnica del Minsa se encuentra debilitada. Atender asuntos complejos de política pública no solo requiere capacidad técnica, sino también autoridades y políticos a la altura del reto, informados, orientados a soluciones y con visión compartida. La polarización que domina la política no debe capturar el debate sobre cómo mejorar el diseño, implementación y efectividad de las políticas públicas vinculadas a la pandemia.

Norma Correa Aste es profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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