Antes de que se cumpliera la primera semana desde la operación estadounidense en Caracas que culminó con el arresto del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el régimen chavista comenzó este jueves a excarcelar a un grupo de presos políticos. El anuncio lo dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien afirmó que, por razones de “unión nacional y conveniencia pacífica”, “el gobierno bolivariano […] ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, sin dar mayores detalles sobre la identidad de los liberados.
Esta última información se pudo conocer, en parte, por el pronunciamiento de gobiernos como el español, que confirmó que cinco de sus ciudadanos habían recuperado su libertad; entre ellos, la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel, que llevaba casi dos años secuestrada por el régimen acusada –sin pruebas– de estar implicada en un improbable complot para asesinar a Maduro. Otro de los liberados fue el excandidato presidencial Enrique Márquez, quien compitió en las elecciones presidenciales del 2024 en las que Maduro se autoproclamó ganador sin mostrar las actas que supuestamente certificaban dicho triunfo.
Como es lógico, al soltar presos políticos, el chavismo está reconociendo algo que ellos mismos negaron durante años. Recordemos al propio Maduro afirmando a finales del 2024 que en Venezuela no existían reos por razones políticas (“salen a decir que son presos políticos, no son presos políticos; son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió”, aseguraba bien suelto de huesos), pero también a sus aliados en la región –el Perú incluido– que durante años se taparon los ojos ante esta realidad.
Por supuesto, lo ocurrido es un paso importante pero insuficiente. Por un lado, porque la cifra real de presos políticos en Venezuela es escandalosamente elevada. Solo hasta agosto del año pasado, la ONG Foro Penal cifraba en 835 los detenidos por razones políticas en Venezuela, lo que lo convertía en el país con la cifra más alta en la región junto con Cuba. Todos deben ser excarcelados. Y, por otro lado, porque la liberación será un logro inconcluso mientras no se termine de restituir la democracia en el país caribeño, una democracia que implique necesariamente el abandono del poder de los principales aliados del detenido dictador, quienes consintieron y alentaron sus crímenes.
No se trata solo de que los presos políticos recuperen su libertad en Venezuela, sino de que nadie más vuelva a convertirse en uno, y esa es una garantía que, con el chavismo en el poder, no existe.
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