La Cámara de Diputados del Congreso acumula más de 800 proyectos. Esta cifra nos muestra que en la cámara baja predomina el criterio del unicameralismo, de la cantidad sobre la calidad. El gran problema para los legisladores es que su nivel de efectividad ha bajado a cero si tomamos en cuenta que, en los primeros 100 días de gestión, solo acumulan una ley aprobada y esta proviene de la autoría del Poder Ejecutivo.
La Cámara de Diputados del Congreso acumula más de 800 proyectos. Esta cifra nos muestra que en la cámara baja predomina el criterio del unicameralismo, de la cantidad sobre la calidad. El gran problema para los legisladores es que su nivel de efectividad ha bajado a cero si tomamos en cuenta que, en los primeros 100 días de gestión, solo acumulan una ley aprobada y esta proviene de la autoría del Poder Ejecutivo.
Los diputados no solo se han topado con la dificultad del nuevo flujo legislativo, con un Senado por encima que tiene la palabra final y la facultad de modificar sus textos. A esto se suma la inexperiencia mostrada por los legisladores en el trabajo de las comisiones, donde los dictámenes avanzan a paso lento, con poca rigurosidad técnica y debates insulsos, con pocos aportes para mejorar los textos revisados.
Más interesante aún es un tercer factor que ha dejado al descubierto que los diputados no leen su reglamento. El nuevo marco normativo, en su artículo 107, establece que la Mesa Directiva puede archivar de plano propuestas legislativas que no cumplan con los requisitos exigidos. Bajo el amparo de este artículo, la Oficialía Mayor recomendó rechazar más de 90 propuestas.
La mayoría de las iniciativas rechazadas tiene que ver con textos que se intentaron rescatar del último período unicameral.Esta práctica –de reciclar proyectos de ley del período pasado– es algo que se instauró con mayor frecuencia desde el 2020. En esta ocasión, de lo que nadie se percató es de que la mayoría de estas propuestas contenía creación o aumento del gasto público y afectación al principio de equilibrio financiero, y esto es algo que prohíbe expresamente el reglamento de la Cámara de Diputados.
En los informes donde se sustenta el rechazo de estas iniciativas, la Oficialía Mayor también ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional, de junio del 2026, donde se estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto.
La aplicación de estos criterios –el respeto al artículo 107 del Reglamento de la Cámara de Diputados y la sentencia vinculante del TC– es una buena noticia en el ámbito legislativo, pero revela un escenario preocupante: o los legisladores no han leído su propio reglamento o simplemente no les importa cumplir con los criterios establecidos en el mismo.
Toca seguir al milímetro el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los diputados busquen mecanismos para evadir su limitación de crear o aumentar el gasto público. El Estado no resiste más leyes sin criterios técnicos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.