Complementando el artículo periodístico de la semana anterior, quisiera profundizar respecto del alcance que el proyecto de ley presentado (00719/2026-2031-CR) pretende, pues soy de la opinión de que este, amén de considerarlo inviable políticamente, sobrepasa los alcances que constitucionalmente entraña la concesión de una amnistía por parte del Congreso de la República.
Como lo desarrolla con claridad Borea (2016), la amnistía significa perdón, olvido. Con la amnistía se busca que el Estado sea indulgente con quienes en algún momento han contravenido sus leyes, de forma que, con la amnistía, se deja de considerar que quienes participaron en un acto ilegal puedan ser perseguidos por ello, e incluso que pueda considerarse en algún archivo oficial como antecedente para la imposición de alguna pena o para la pérdida de algún beneficio o para la imposición de algún impedimento. Simplemente, aprobada la ley de amnistía, queda oficialmente olvidado el agravio.
En esta semana se me ha preguntado: ¿por qué es el Congreso quien concede la amnistía? ¿La amnistía acarrea la derogación de las normas que fueron vulneradas por los hechos que son materia de olvido?
Respecto a la primera interrogante, debe decirse que la amnistía la concede el Congreso porque es él quien da las leyes, conforme con el artículo 102 de la Constitución, siendo que, además, son los senadores y diputados quienes representan a la Nación. Otra razón para ello es que la amnistía tiene carácter genérico, a diferencia del indulto, la conmutación de penas y el derecho de gracia, que son particulares.
En cuanto a si la amnistía deroga las normas afectadas, hay que decir que no, pues la normativa que fijó las conductas objeto de perdón como delictivas o sancionables seguirá vigente.
En ese sentido, debe entenderse que la concesión de una amnistía es básicamente política, aun cuando sus consecuencias generen efectos jurídicos.
Dicho ello, y habida cuenta de que el proyecto de ley presentado por la bancada de Juntos por el Perú contempla que su alcance comprenda un período que va desde el 28 de julio del 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la eventual ley, habría que preguntarse si el Congreso puede otorgar una amnistía con tales características; es decir, que incluya situaciones ajenas a su conocimiento o, incluso, posteriores a la propia aprobación de la misma ley amnistiante.
Al respecto, es claro que una amnistía puede alcanzar hechos no conocidos o expuestos en el proyecto o debate de la ley, en la medida en que las conductas que se perdonen se encuentren comprendidas dentro de las conductas delictivas o sancionables que se quieren olvidar y perdonar, pues el Congreso, en cualquier caso, adopta la decisión política sabiendo los efectos generales vividos durante el período transcurrido entre el inicio de los hechos y la aprobación de la ley.
Situación distinta es aquella que pretende que la eventual amnistía alcance su brazo de olvido respecto de hechos posteriores a la propia aprobación de la ley, lo que sí implica un claro contrasentido, pues los efectos que pudiesen producir los eventuales hechos futuros –posteriores a la dación de la ley, pero anteriores a su entrada en vigor– no habrían sido merituados por el Congreso al adoptar la decisión política.
Otra característica de la amnistía es que no se refiere a personas en concreto, pues su aplicación es genérica, pudiendo alcanzar incluso a personas condenadas.
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