Editorial: La calle sin botas

El calentamiento de la campaña presidencial incita a algunos candidatos a lanzar propuestas poco estudiadas y de mero efecto electoral. Si bien tienen todo el derecho de llamar la atención del público, harían bien en proponer medidas producto más de la reflexión que del márketing.

El ex presidente Alan García, probable candidato del Partido Aprista, se ha sumado, por ejemplo, a la tesis sobre la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la seguridad ciudadana, lanzada inicialmente por Javier Altamirano, alcalde de San Juan de Miraflores, entre otros.

Debe usarse el impacto de las FF.AA., ha dicho el señor Alan García, para arrinconar a la delincuencia. Al mismo tiempo, otro ex presidente, Alejandro Toledo, y el líder de Restauración Nacional, Humberto Lay, han respaldado la intervención militar en las ciudades. La Constitución, sin embargo, no permite que las FF.AA. realicen tareas policiales, sino que solo en estado de emergencia pueden asumir el control interno, si así lo dispone el presidente. 

La Constitución no dice que se puede recurrir a las FF.AA. para vigilancia, efecto disuasivo o persecución de delincuentes. No pueden dedicarse a “arrinconar a la delincuencia”. En caso de estado de excepción, las FF.AA. “asumen el control interno”, es decir, se constituyen en mando superior.

Para el orden interno el mando es de la Policía Nacional (PNP), según el artículo 166 de la Carta. Las FF.AA., en cambio, tienen “como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”. Ningún presidente puede hacer que las FF.AA. asuman el trabajo de la PNP. Eso sería como decir que puede disponer que los fiscales hagan el trabajo de los jueces, “de manera disuasiva” o “hasta arrinconar a la delincuencia”. El presidente debe estar por debajo y no por encima de la Constitución.

Cualquier candidato que proponga sacar a las calles a las FF.AA. está engañando a la población. No ha estudiado el tema o plantea algo que sabe incumplirá. ¿Cómo se puede pretender proteger los derechos de las personas perforando la ley y la Constitución según las necesidades del momento? Someterse a los momentos es lo contrario a la institucionalidad. La ley debe estar por encima, incluso, de la opinión pública, de la mayoría y de cualquier exuberante personalidad.

La propuesta es constitucionalmente inadmisible. Es, además, técnicamente ineficiente. En temas de seguridad no hay nada peor que la falta de mando. Con dos organizaciones de por medio, ¿quién tendría el mando? Y si el mando no está claro, ¿quién gana? ¿La seguridad o la delincuencia?

Por otro lado, la lucha contra la delincuencia requiere una especialización. Así como las FF.AA. se especializan en la seguridad territorial, la PNP se especializa en la investigación criminal. Como publicó este Diario hace unas semanas, experiencia internacional demuestra que la militarización de las calles no resuelve la inseguridad sino que, por el contrario, viene acompañada por denuncias civiles a atropellos de militares que no están preparados para manejarse en escenarios distintos al conflicto armado.

Es por eso positivo que el Ejecutivo se haya desmarcado de manera tajante de este sinsentido. En una muestra poco común por estos días de firmeza en materia de políticas públicas, el presidente Ollanta Humala reconoció los riesgos que supone otorgar a los militares la responsabilidad del orden interno y señaló: “Viviendo en una democracia, [la militarización] no se comprende [pues] eso se ha dado en dictaduras”. Al mismo tiempo, el primer ministro Pedro Cateriano remarcó que el “orden jurídico no permite a las FF.AA. el combate contra la delincuencia”.

Pero, entonces, ¿qué hacer con la inseguridad? Hay que reparar las deficiencias, no patear el tablero del orden constitucional. Hay muchas tareas pendientes, por ejemplo, en la coordinación entre la PNP y las municipalidades, la fiscalía y el Poder Judicial, en el mejoramiento de la infraestructura de las comisarías, en el ordenamiento racional y proporcional de las penas, en el fortalecimiento de la capacitación policial, y un largo etcétera. 

Sin embargo, propuestas populistas, legalmente inviables y probadamente ineficaces, son exitosas en opacar esta discusión de fondo y colocar los reflectores sobre candidatos más preocupados en sus bajos niveles en las encuestas que en los problemas del ciudadano corriente.