Editorial: La cama tendida

La semana pasada, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso decidió derivar el proyecto de ley de solicitud de facultades legislativas a otras diez comisiones parlamentarias para su estudio y opinión. Una decisión poco ortodoxa, cuando se compara con lo que había sucedido en anteriores gobiernos cuando estos habían solicitado similar prerrogativa, y cuyo estudio normalmente involucraba solo a una o dos comisiones.

La idea, según explicó el congresista de Fuerza Popular (FP) y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, era que cada tema del pedido de facultades sea evaluado por la comisión pertinente y así tener “insumos suficientes para poder dictaminar el proyecto”. El próximo martes, tras evaluar las opiniones de las demás comisiones –totalmente favorables en 6 de ellas, parcialmente en 2, negativa en 1, y aún pendiente la recomendación de la Comisión de Fiscalización– la Comisión de Constitución deberá emitir un dictamen a favor o en contra del pedido, el cual será luego evaluado y votado por el pleno.

Pese a la singularidad de este reparto de tareas, era esperable que la solicitud de facultades demandara un saludable diálogo y discusión entre los presidentes y miembros de las comisiones parlamentarias y los ministros, asesores y titulares de las entidades públicas involucradas en dicho pedido. Y, en buena cuenta, eso es lo que ha acontecido en los últimos días.

A la par, y dada la amplitud del número de comisiones ante las que han tenido que exponer los representantes del gobierno, este ejercicio ha tenido el previsible efecto de poner los reflectores no solo en el Gabinete que solicitaba las facultades sino también en los varios parlamentarios que, desde sus respectivas comisiones, levantaban o bajaban el pulgar a los ministros que desfilaban delante de ellos.

Previsiblemente también, esto generó que la ciudadanía pudiera escrutinar los argumentos y las motivaciones de los congresistas al opinar a favor o en contra de la delegación de facultades. 

Así es que en los últimos días, llamaron la atención –por su tenor– objeciones como la proferida por el congresista de FP Daniel Salaverry, quien, con ocasión del pedido para robustecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que existen “muchas maneras” de fortalecerla y que ello no solo significa “darle la facultad para que pueda, sin orden judicial, levantar el secreto bancario en cualquier caso”, pese a que aquella crítica iba en sentido opuesto a lo que había planteado el Ejecutivo, que proponía la autorización judicial como requisito para el levantamiento del secreto. O la del vocero titular de FP, Luis Galarreta, quien justificó el rechazo de su bancada en el tema de la UIF pues “por tratarse de derechos fundamentales ese debate debería venir al Congreso”. Bajo ese argumento, sin embargo, muy pocos de los 1.241 decretos legislativos publicados hasta la fecha podrían haber sido válidamente emitidos por el Poder Ejecutivo, ya que la gran mayoría –por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal y sus respectivos códigos procesales– involucran algún tipo de derecho fundamental. 

Similar sorpresa causó el argumento de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cecilia Chacón, para rechazar por completo el pedido de facultades. Según Chacón, el asunto que engloba las facultades en general y el nuevo marco macrofiscal en particular “no se puede delegar porque es materia del presupuesto”. Pero la congresista no parece haber considerado que lo que prohíbe la Constitución es delegar la Ley de Presupuesto, no cualquier norma con implicancia económica y que pudiera impactar en las cuentas estatales.

Estos desaciertos han provocado que, a la luz de la opinión pública, la imagen de una oposición obstruccionista haya vuelto a pesar sobre FP. Y esto es algo que, al parecer, han comenzado a entender los miembros de la bancada naranja, que han empezado a canjear la negativa rotunda por soluciones más conciliadoras, como la decisión de aprobar las facultades en la Comisión de Economía (pese a incluir la rebaja del IGV, a la que se opusieron inicialmente) o la anunciada intención de aprobar el fortalecimiento de la UIF con algunas mejoras.

En otras palabras, el fujimorismo tendió la cama de una forma que le dio más protagonismo y parece haber comprendido que, para bien y para mal, ahora tendrá que acostarse en ella.