Editorial: Cuarto menguante

En una reunión extraordinaria entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales celebrada ayer en Palacio, el presidente Martín Vizcarra ha dicho que la crisis política que afectó todo el desenvolvimiento de los procesos administrativos en el país ha sido superada. Y tiene razón. 

Está en lo correcto también al aseverar que ello fue consecuencia de una sujeción estricta a lo que prescribe la Constitución ante un problema como el que acabamos de dejar atrás: una circunstancia que habla de una madurez política de la que muchos no sentían todavía capaz a nuestra sociedad. 

De hecho, las cifras que trae la última encuesta de El Comercio-Ipsos con respecto a la aprobación de nuestras autoridades confirman que hemos ingresado a una nueva ‘luna de miel’. En lo que concierne al remozado gobierno, por ejemplo, esta asciende al 46%, cuando en marzo la anterior administración había obtenido un 17%. Y el presidente Vizcarra, en particular, en su estreno del cargo alcanza un 57%. Incluso en lo tocante al Congreso y al Poder Judicial, en donde, a diferencia de lo ocurrido en el Ejecutivo, los actores no han cambiado, la aprobación registra un apreciable incremento respecto del mes pasado (de 14 a 25%, en el caso del Legislativo; y de 20 a 27%, en lo que respecta a la Judicatura). 

Motivos para sentir algún desahogo, entonces, hay. Pero sería un grave error para cualquiera de las autoridades involucradas en esta evaluación dormirse sobre esos tenues laureles. Primero, porque es obvio que estos números miden más esperanzas que gestión. Segundo, porque el sentido común sugiere que la tregua concedida será más breve que aquella que la ciudadanía habitualmente dispensa tras un proceso electoral a quienes la han de gobernar. Y tercero, porque si se observan otros ángulos de la misma encuesta, se hace evidente que, si bien podemos haber salido de la tormenta, otros nubarrones asoman en el horizonte. 

En concreto, resulta bastante inquietante el contraste entre las cifras de aprobación que recibían los distintos líderes políticos de la oposición en marzo y el que reciben ahora. Veamos. Keiko Fujimori ha bajado del 23 al 19%. Su hermano Kenji –que, entre todos ellos, es quien más ha sufrido el impacto de los últimos acontecimientos políticos– cae del 27 al 15%. Verónika Mendoza baja del 20 al 18%. Y hasta Julio Guzmán, a quien se imaginaría ajeno a todo este trance de descrédito, se desliza del 27 al 25%. 

Las cosas, además, tienden a lucir peor si pasamos de la mera aprobación a la intención de voto en el 2021 (que supone un mayor grado de compromiso con el líder político al que se le endosa el eventual respaldo). Allí, lo que ya era bajo se encoge en muchos casos hasta la irrelevancia. Keiko, por ejemplo, ha pasado del 17% de marzo a un 15% en abril. Kenji del 10 al 5% y Julio Guzmán del 16 al 14%. Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, en cambio, experimentan una ligera mejoría (del 9 al 11% la primera; y del 6 al 8% el segundo). Pero se trata de un apoyo tan anémico, que a duras penas los distingue del que consigue, por ejemplo, una figura tan cuestionada como César Acuña (quien, dicho sea de paso, sube también del 3 al 6%), y en consecuencia, difícilmente podría constituir motivo de júbilo. 

Parece claro, en realidad, que, así como existe un fenómeno de ‘contagio’ por el cambio de administración recién operado que beneficia en la percepción popular aun a las autoridades que no forman parte del mismo, hay también una ola de expansión del efecto negativo de todo lo sucedido que arrastra a quienes pudieran haberse sentido al margen de ese triste espectáculo político. No creemos arriesgar demasiado, en ese sentido, al plantear la tesis de que está muy difundida la impresión de que quienes tientan o ejercen el poder en el país lo hacen por un propósito muy distinto al de buscar el bien común. Y es eso lo que tiene que cambiar en el futuro inmediato. 

De lo contrario, descubriremos pronto que la ‘luna de miel’ que teníamos estaba en cuarto menguante.