Editorial: Cuentas pendientes

La intempestiva renuncia, la semana pasada, del jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, se dio en un contexto político difícil y que se presta a diversas interpretaciones. La carta del señor Shiguiyama –enviada presumiblemente desde Portugal, donde asistía a una cumbre tributaria– aducía “motivos personales” para la dimisión. Días antes, sin embargo, se supo que la fiscalía incluyó al ahora ex titular de la Sunat como testigo en la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori y su grupo político por lavado de activos. De acuerdo a registros de la ONPE, el funcionario aportó US$20.000 a la campaña del 2011.

Más allá de las causas de la renuncia del señor Shiguiyama, la ocasión es propicia para hacer un recuento del balance que deja su administración y los retos de la agencia recaudadora en adelante. Para comenzar, es justo reconocer que el momento en que asumió las riendas de la Sunat, hace poco más de dos años, no era fácil. Los ingresos tributarios del Gobierno Central venían desacelerándose desde el 2010 y en terreno negativo por varios meses. Durante el 2017, ya con la nueva administración al mando, la presión tributaria continuó bajando y recién el último trimestre del año revirtió claramente la tendencia negativa. En suma, al cierre del año pasado, los ingresos retrocedieron hasta menos del 13% del PBI, el segundo nivel más bajo en lo que va del milenio y quinto año consecutivo en rojo. Sin embargo, en línea con la mejora en la actividad económica, en lo que va del presente año, la actividad recaudatoria ha llegado a crecimientos porcentuales de dos dígitos en siete de los últimos nueve meses.

La labor de la Sunat ha tenido ciertamente que ver con los pobres resultados de años anteriores. Del 2014 al 2017, la tasa de incumplimiento de IGV subió de 28,6% a 36,3%, en tanto que el incumplimiento de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría pasó de 47,2% a 51,6% en el mismo período. Los ratios de evasión y elusión se incrementaron. Mucho de esto es responsabilidad del ente recaudador.

Hay, no obstante, otras fuerzas que influyen notablemente en los ingresos fiscales y que escapan al control de la Sunat. La más clara es el ciclo económico y el precio de los metales. De hecho, este segundo punto explica casi la mitad de la caída en la recaudación en los últimos cinco años, según el BCR.

El otro asunto fundamental y que cae fuera del área de influencia de la Sunat son las reglas de juego del sistema tributario. Después de todo, en muchos casos la Sunat no es sino un ejecutor operativo de las normativas que se dictan desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y desde el Congreso. Según el Consejo Fiscal, el Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no efectuó reformas tributarias estructurales en los últimos años.

La tarea pendiente aquí es enorme. Incluye, por ejemplo, un mejor uso y orden de los sistemas tributarios especiales para mypes que hoy son fuente de evasión, criterios objetivos para definir elusión fiscal, recorte de las exoneraciones fiscales, combate franco contra la informalidad y la ampliación de la base tributaria, esfuerzo de recaudación de parte de los gobiernos subnacionales, plan de transformación digital sólido, entre varios otros aspectos. Precisamente sobre este último punto –la transformación digital y la masificación del comprobante de pago electrónico– la administración del señor Shiguiyama tuvo avances significativos.

El balance entre una administración tributaria que maximice la recaudación sin desincentivar la inversión privada ni vulnerar los derechos de los contribuyentes es complejo pero urgente. La persona que asuma próximamente las riendas de Sunat tiene una enorme responsabilidad por delante, pero no está de más recordar que, sin el apoyo decidido de otras instituciones, como el MEF y el Congreso, lo que podrá lograr será muy poco.