Editorial: La cúpula hace la fuerza

Las pugnas intrapartidarias no son un espectáculo novedoso en el Congreso. Aparecen cada cierto tiempo entre algunos miembros de la bancada oficialista, es prácticamente un modo de convivencia entre los dos bandos (aranistas y mendocistas) del Frente Amplio, y la bancada mayoritaria de Fuerza Popular acaba de experimentar un nuevo episodio.

Nos referimos a la controversia que enfrentó hace dos días a Patricia Donayre y Miguel Torres. Como se sabe, la congresista Donayre estuvo a cargo del grupo de trabajo de reforma electoral en el interior de la Comisión de Constitución. La semilla del conflicto surgió en mayo último, a raíz de la decisión de que el informe de dicho grupo, que proponía la aprobación de una ley electoral, no fuera utilizado como un predictamen sino únicamente como un “insumo” para la comisión que preside el congresista Torres.

Una primera polémica se produjo, entonces, hace unas semanas cuando integrantes de Fuerza Popular cuestionaron la insistencia de Donayre en discutir un proyecto de ley electoral integral. “¿Qué lobbies hay detrás para sacarlo tan rápido?”, llegó a inquirirle el vocero del partido, Luis Galarreta, en aquella ocasión.

La de hace dos días, en cambio, vio a Donayre reclamar airadamente a Torres por nuevamente dejar de lado el proyecto de reforma electoral preparado por el grupo de trabajo y priorizar otros temas que, según la parlamentaria, “las demás agrupaciones políticas ni siquiera le han hecho llegar”. “No se debate el informe del grupo de reforma electoral por la imposición del presidente de la Comisión de Constitución por órdenes de su jefa”, exclamó Donayre antes de abandonar la sesión.

Unos momentos después, Donayre añadió: “La bancada nunca, nunca, debatió el tema de reforma electoral. Esto se ha decidido a nivel de cúpula”, y cuando un periodista le interrogó si Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, era la “jefa” del congresista Torres a la que se refería como responsable del bloqueo de la ley electoral, contestó: “Bueno, hay una jefa en el partido, pues ustedes tienen la respuesta”. Una expresión bastante elocuente, incluso después de su rectificación del día de ayer, cuando sindicó a Ana Vega, asesora del entorno de Keiko Fujimori, como la “jefa” a la que había aludido previamente.

No se trata de la primera disputa pública en Fuerza Popular, propiciada –según sus protagonistas– por supuestas imposiciones de una cúpula partidaria.

A inicios de marzo, la decisión del fujimorismo de no apoyar una comisión que investigue los abusos ocurridos dentro del Sodalicio motivó que Kenji Fujimori, vía Twitter, calificara de “¡nauseabundo!” aquel veredicto y denunciara que dicho asunto “no fue debatido en @bankadafp”. Un mensaje compartido por otros integrantes de su bancada como Estelita Bustos y Federico Pariona.

También cabe recordar la salida de Yeni Vilcatoma de Fuerza Popular en setiembre del año pasado, con ocasión de la denuncia que la ex procuradora presentó contra Héctor Becerril ante la Comisión de Ética por, según su versión, conducirla a una sala y recriminarle “de manera ofuscada y en tono amenazante” por su labor a la cabeza de la Comisión de Fiscalización. Ello motivó un proceso disciplinario contra Vilcatoma, mientras que Becerril fue nombrado presidente de dicha comisión al poco tiempo. Un proceso al que también será sometida Donayre y no quienes la amonestaron públicamente en su oportunidad.

Más allá de la forma de ejercer disciplina en Fuerza Popular y la responsabilidad a la que no pueden rehuir los parlamentarios que ahora airean su malestar –después de todo, ellos escogieron libremente integrar dicha agrupación en los comicios electorales pasados y son ellos los que voluntariamente eligen mantenerse en ella–, son dos preocupantes contradicciones las que el último incidente parece confirmar respecto de la principal fuerza parlamentaria.

Primero, que la conducción interna del partido no parece ser tan democrática y abierta a la discusión como suelen proclamar sus más conspicuos representantes. Y en segundo lugar, que tampoco parece existir un compromiso real para avanzar en una reforma electoral integral, como se anunció desde el momento en que se creó el grupo de trabajo abocado a dicho fin.