Editorial: Curitas laborales

Como parte de las medidas que viene adoptando el Ejecutivo para reactivar la economía, el pasado viernes se envió al Congreso un proyecto de ley que buscaría flexibilizar el mercado laboral. Así, esta reforma apunta a fomentar la productividad y la competitividad de las empresas. Lo cierto es que, si bien el proyecto representa un paso en la dirección correcta, en la práctica esta iniciativa dista mucho de ser la reforma laboral que nuestro país necesita para crecer en el largo plazo. 

Una de las medidas más sonadas ha sido la flexibilización del cese colectivo. Se ha propuesto reducir el porcentaje de trabajadores que puedan ser cesados de 10% a 5% para aquellas empresas que se encuentren en crisis económica; es decir, para aquellas empresas que tengan tres balances trimestrales consecutivos en rojo. Si bien esta medida es positiva, pues permite que las empresas que atraviesen por una mala situación puedan cesar a trabajadores y así repotenciarse y evitar la quiebra, no resuelve el problema de fondo que afrontan las empresas: la estabilidad laboral absoluta. 

Esta última tiene su origen en el Tribunal Constitucional (TC), que ha establecido, en una serie de resoluciones, que los despidos que no se hagan por alguna de las causas que permita la ley no solo obligarán a las empresas a pagar al trabajador una indemnización, sino que siempre darán lugar a una posible reposición. 

El problema con lo anterior es que, dado que las causales por las que se puede despedir a un trabajador son muy estrictas, las empresas se ven forzadas a mantener a un empleado que no es el más adecuado para el puesto. Así no solo se perjudica a la empresa –que podría estar invirtiendo en personal más calificado–, sino también a las personas con mayores competencias que, de existir un régimen más flexible, podrían obtener el puesto en cuestión. Y también se perjudica a la sociedad, pues se desperdician recursos que podrían usarse en generar mayor crecimiento.

Por ello, sería importante que el renovado TC modifique su criterio y que el Congreso apruebe más causales por despido, pues solo así nuestro país dejará de estar rezagado en comparación con otros países de la región en lo que a la flexibilidad en la contratación se refiere.

Otra de las medidas propuestas por el gobierno para fomentar la productividad es la posibilidad de otorgar un bono a los trabajadores con un límite de hasta 20% de su remuneración anual. Lo novedoso de esta medida es el hecho de que el bono tendrá carácter “no remunerativo”, por lo que no tendrían que pagarse beneficios sociales y laborales sobre este. Una vez más vemos que si bien la medida es positiva –ya que no genera un sobrecosto adicional–, contribuye poco para disminuirlos. Actualmente, los sobrecostos laborales en el Perú se encuentran alrededor del 69%, también uno de los más altos de la región.

Finalmente, el Ejecutivo ha propuesto la reducción de los costos para la formalización de las microempresas y pequeñas empresas (mypes). Es decir, aquellas empresas que tomen la decisión de formalizar a sus trabajadores se regirán por una normativa distinta y especial cuando toque a los derechos laborales y beneficios sociales que se han generado durante el período anterior a la fecha de formalización y que adeudarían a sus trabajadores. Esta medida incentivará la formalización, pues permitirá ahorros de entre 17% y 37% en deudas laborales para la pequeña empresa y microempresa, respectivamente. Sin embargo, para que esta medida tenga un verdadero efecto, debió haber sido acompañada por la disminución de otros altos costos de la formalización. 

Si bien la propuesta del Ejecutivo tiene medidas importantes para mejorar el rígido régimen laboral, lamentablemente dista de ser la reforma que necesitamos para ser realmente competitivos, atraer mayor inversión, reducir la informalidad y, así, crecer más. El Ejecutivo debería apuntar a hacer una cirugía integral y no a poner curitas a un sistema magullado.