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El 5 de enero, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, tendrá que enfrentarse a un proceso de elección parlamentaria que amenaza con poner fin a su gestión como titular de la Asamblea Nacional Legislativa (ANL), el único ente con legitimidad democrática en el país llanero. Una circunstancia que perjudicaría gravemente la lucha por poner fin al régimen de Nicolás Maduro y que agudizaría la inercia en la que se ha sumido la causa opositora en los últimos meses.
En concreto, el domingo, las fuerzas contrarias a la dictadura tienen frente a sí un panorama poco alentador, toda vez que Maduro y sus adláteres han dado muestras palmarias de querer incidir en el resultado de la elección. Según informó el diario “El País” de España, por ejemplo, a partir de los testimonios anónimos de dirigentes de la oposición, el chavismo se encuentra entregado a una campaña de sobornos que busca torcer, con sumas millonarias de dinero entregado en moneda extranjera, la voluntad de algunos diputados para que voten contra la reelección de Guaidó, quien, si no fuese por la corrupción del régimen, tendría las de ganar.
Además, como se sabe, la descrita no es la única medida tomada por el gobierno central para condicionar las acciones de quienes se le oponen. La persecución de los políticos afines a Juan Guaidó, incluso la de muchos diputados, se ha mantenido sistemática en los últimos tiempos. De hecho, como reportó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en Venezuela se registran graves casos de represión selectiva dirigida a quienes sostienen posiciones contrarias a los intereses del chavismo. Esta se ha expresado en “detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares”. Niveles de hostigamiento, en fin, que han desembocado en el exilio de decenas de parlamentarios y en el enjuiciamiento y encierro de otros tantos –incluyendo al primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano– a pesar de gozar de inmunidad.
Con el objetivo de lidiar con esta tesitura, la directiva de la ANL modificó el Reglamento de Interior y Debates para que los legisladores exiliados pudiesen votar a distancia. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, que en los últimos años no ha emitido un solo fallo que vaya en contra de los intereses del régimen, declaró nula la medida.
En suma, resulta difícil pronosticar un desenlace positivo el próximo 5 de enero y es muy posible que Venezuela comience este 2020 muy lejos de donde estuvo a principios del 2019, cuando la juramentación de Guaidó y el reconocimiento internacional que recibió le inyectaron nuevas esperanzas a un país destrozado por el ‘socialismo del siglo XXI’. Hoy, el camino hacia una refundación democrática de la nación que nos ocupa se muestra cargado de nuevos obstáculos, que solo se hacen más formidables gracias al desánimo de muchos opositores que, a pesar de sus esfuerzos, aún no logran poner de rodillas a la dictadura.
Así las cosas, este año será clave que, con prescindencia de lo que se decida el 5 de enero, la comunidad internacional se cerciore de mantener en la agenda la lucha por la democracia en Venezuela. Por el momento, la desidia y la normalización de la crisis son las principales aliadas de la tiranía chavista y la condena de millones de venezolanos que hoy pasan hambre y sobreviven a la violencia en su propia tierra.
En esa línea, esperemos que el Perú esté a la altura de las circunstancias y que en el 2020, además de mantener fuera del Congreso a los candidatos que apañan o son condescendientes con la dictadura llanera, retome el liderazgo que alguna vez ostentó en la lucha contra esta lacra regional.
