Editorial: El terror que nos invade

“Ustedes han estado en estas tierras sin permiso del partido”, le dice ‘Vilma’ a los comuneros de Unión Fortaleza, en Vizcatán del Ene (Junín) el 21 de junio de este año. El pueblo ha sido ocupado por el Militarizado Partido Comunista del Perú, el nombre utilizado por los remanentes de Sendero Luminoso en esa zona del Vraem. Los terroristas se han autoproclamado propietarios del caserío, han asignado a ‘Vilma’ como encargada y le han cambiado de nombre a Nuevo Amanecer-Alto Vizcatán.

Así nomás, con la autoridad espuria que le conceden las armas a los criminales, Sendero Luminoso se dispuso a cambiar la vida de un grupo de ciudadanos. Muchos (más de 25 familias), apremiados por el miedo y rehusándose a vivir bajo el yugo de los terroristas, decidieron dejar atrás Unión Fortaleza y buscar la tranquilidad. Algunos hablaron con El Comercio sobre cómo llegaron a ser desplazados, los maltratos que soportaron y sobre el régimen paralelo al poder oficial que los terroristas han inaugurado en los territorios invadidos.

Según explican, los terroristas –encabezados por ‘Fernando’, ‘Marcelo’ y ‘Olga’– plantearon 25 reglas que debían ser cumplidas por quienes decidían quedarse. Además de reemplazar los cultivos de café y cacao por sembríos de coca, maíz y camote (estos dos últimos productos servirían de alimento para los delincuentes), se les exigió, también, a los comuneros participar en eventuales emboscadas contra las fuerzas del orden. A Santiago, uno de los afectados que declaró a este Diario, le gritaron: “Si no estás de acuerdo, te vas; o aquí te mueres”.

Sin duda, todo lo descrito parece arrancado de las páginas de una novela distópica, pero lo ocurrido con los habitantes de Unión Fortaleza dista de ser un caso aislado. En el último año, un total de cinco pueblos se han visto obligados a desplazarse tras haber sido tomados por Sendero Luminoso en el Vraem. Así, 30 familias huyeron de Libertad de Mantaro tras el homicidio de la familia Camargo. En Valle Hermoso, las desapariciones y torturas de delegados vecinales propiciaron el éxodo de varios campesinos, a los que se sumaron decenas que también escaparon de Valle Manantial. En Alto Mantaro, por otra parte, los asesinatos de dos dirigentes surtieron el mismo efecto.

En suma, un problema gravísimo que, aparte de demostrar la nefaria influencia que mantiene Sendero Luminoso en el Vraem, deja ver que en el Perú existe un grupo no menor de ciudadanos a los que el Estado no ha podido proteger.

En ese sentido, no ayuda la manera en la que algunos funcionarios del Ejecutivo parecen valorar el problema. El lunes, en una entrevista, el ministro de Defensa, Jorge Moscoso, se refirió a lo que acá hemos descrito como “un tema totalmente acotado”, perpetrado por “un grupo reducido de delincuentes terroristas” que van a centros poblados de un “área que está totalmente definida por nosotros” e interactúan con la comunidad. Una retahíla de eufemismos que parece querer edulcorar una realidad muchísimo más cruda que afecta a decenas de ciudadanos en zonas en las que incluso han muerto militares (tres miembros de las Fuerzas Armadas murieron en Valle Manantial en junio).

El mensaje, en lugar de minimizar, debería ir por el lado de reconocer las falencias existentes y buscar soluciones. En esa línea es positivo que el ministro de Defensa también reconozca la importancia de aumentar la presencia del Estado y la interacción con las comunidades en la zona. La llegada de servicios básicos, como el acceso al Reniec y campañas de educación y salud, son claves para paliar la influencia terrorista en la zona. Asimismo, medidas como la emisión de títulos de propiedad, como reclaman los comuneros, contribuiría a sincerar el arraigo de estos ciudadanos con sus terrenos.

Así las cosas, es importante que el Estado reconozca que tiene todavía muchísimo por hacer en el Vraem. Esto incluye, además de asegurar las mejores condiciones posibles para nuestras Fuerzas Armadas en la zona, darles a los ciudadanos victimizados la atención que sus demandas merecen reconociendo la gravedad del problema.