Editorial El Comercio

En los últimos días, la recta final de la campaña electoral que culminó el último domingo eclipsó justificadamente el resto de los temas de la coyuntura nacional. Quizá por ello poco se viene hablando de que ya está en marcha el proceso anual para los ascensos a generales de la Policía Nacional del Perú (), que tiene programado terminar a finales de mes. Lo que es una pena, ciertamente, pues se trata de un asunto que en el 2021 se vio sacudido por las sombras de presuntos pagos realizados por algunos postulantes que terminaron siendo beneficiados en desmedro de otros, y que este año parece camino de repetirse.

El episodio del 2021, como sabemos, se inició con la denuncia del entonces subcomandante general de la PNP, Javier Bueno, de que la votación realizada por la junta encargada de seleccionar a dos nuevos generales de servicios –de la que él formaba parte– se había dado de manera irregular y en contra de la normativa vigente. Previamente, el entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo, al que Bueno señaló directamente como el responsable de la treta, había modificado las reglas para tener el control total del proceso al darle el 50% del peso a la entrevista personal realizada por una junta presidida por Gallardo. Bueno, que pediría su pase al retiro dos días después de dar la voz de alarma, se ratificaría posteriormente en una sesión ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Producto del procedimiento del año pasado, 25 coroneles lograron ascender al grado de generales (23 de armas y dos de servicios). De estos, al menos 10 habrían sido promovidos no tanto gracias a sus méritos, sino más bien al pago de coimas, según ha contado Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia y ex mano derecha del presidente , ante el equipo especial de fiscales que viene investigando presuntos delitos cometidos en el círculo más cercano al mandatario.

El testimonio de Pacheco es particularmente detallado y se da en el marco de su solicitud para convertirse en colaborador eficaz del Ministerio Público. Según ha contado, el monto que cada oficial desembolsó para ascender habría sido de US$20.000; curiosamente, la misma cantidad que la fiscalía encontró en noviembre del año pasado, el mismo mes en el que se llevó a cabo el proceso de ascensos del 2021, en uno de los ambientes que él usaba durante el primero de los numerosos allanamientos que se han realizado en Palacio de desde el inicio de esta administración.

Ahora, ha sido nuevamente el señor Bueno, en conversaciones con este Diario, el que ha advertido de que el proceso de este año también está en peligro. Aunque algunas disposiciones han sido cambiadas (la entrevista personal, por ejemplo, ha dejado de otorgar 50 puntos para dar solo 30), el proceso en sí no ha sufrido mayores modificaciones de fondo que busquen garantizar de que lo ocurrido en su edición anterior no se repita. Se trata, en palabras de Bueno, de un “copia y pega” de los lineamientos del 2021.

Sorprende que el Congreso haya dejado pasar la oportunidad de hacer cambios legislativos con miras a, por ejemplo, asegurar la transparencia del proceso (que se realiza bajo un manto de opacidad que resulta fértil para la arbitrariedad y la componenda). Más aún, conociendo las evidentes intenciones del Gobierno por controlar la PNP a través de la designación de mandos claves que sean serviles a los propósitos del presidente Castillo; entre ellos, la protección de los prófugos de esta administración (como el sobrino Fray Vásquez Castillo o el extitular del MTC Juan Silva) y la neutralización del equipo especial que coordina el coronel Harvey Colchado y al que el mismísimo jefe del Estado ha denunciado ante la Inspectoría solicitando que sea pasado al retiro.

No olvidemos que el caso de los ascensos en la PNP es uno de los seis ilícitos por los que la fiscalía viene investigando al jefe del Estado. Y por increíble que parezca, las posibilidades de que la película que ya vimos en el 2021 se repitan este año son bastante altas.

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