Editorial: Expuestos

Ayer se hicieron públicos los resultados del sorteo para elegir a los 518.868 miembros de mesa de las próximas elecciones. Con ello se cumple un hito más en el camino hacia los comicios que se acercan en medio de la segunda ola de contagios, y los ciudadanos seleccionados empiezan también a preguntarse qué garantías les ofrecerá el Gobierno para protegerlos de una eventual infección el 11 de abril.

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Si, a pesar de las dimensiones de la tragedia del último año, el Gobierno no ha tenido suficiente premura para tomar decisiones importantes, con las elecciones en apenas diez semanas la administración del presidente Francisco Sagasti entra ya en una carrera contra el tiempo. Hasta ahora, la comunicación de la ONPE sobre los protocolos por seguir el día de los comicios ha sido pobre, pues, si bien la entidad ha publicado documentos al respecto y el señor Piero Corvetto ha aparecido en algunos programas periodísticos para explicar los esfuerzos que la entidad que preside viene desplegando, estos no se han difundido de manera adecuada. Más importante aún, la información sobre si los miembros de mesa recibirán la vacuna contra el COVID-19 en un tiempo prudencial es imprecisa.

Según declaró esta semana el contralor general de la República, Nelson Shack, el primer lote de vacunación no será para los miembros de mesa, sino que estos tendrán que esperar a un siguiente lote para acceder a la inmunización. Sin embargo, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó ayer que en la primera fase de vacunación determinada por el Ministerio de Salud (Minsa) se incluirá al personal del primer nivel de atención y a los miembros de mesa, pero obviamente solo “en caso [de que] llegara el lote de vacunas requerido antes de las elecciones”. “De ser eso así”, continuó con el condicional la primera ministra, “podríamos atender a esta población”, puntualizó, sin expresar demasiada confianza en el asunto. Consultada la ONPE por el particular, esta indicó por medio de sus canales oficiales que “la entidad encargada de precisar si los miembros de mesa estarán en la fase de vacunación es el Minsa”.

Más allá del enredo sobre la prioridad de los miembros de mesa, claramente no es solo suficiente que las vacunas lleguen antes de las elecciones. Se requiere un plan realista de vacunación para ellos y además aplicarlas con suficiente anticipación. En el caso de la vacuna de Sinopharm, se necesitan dos dosis –la segunda aplicada tres o cuatro semanas después de la primera–, y luego 20 días más posteriores a la segunda dosis para alcanzar el efecto inmunológico completo. En otras palabras, los miembros de mesa tendrían que estar recibiendo su primera dosis a más tardar a inicios de marzo para tener la oportunidad de alcanzar la cobertura total que ofrece la vacuna. Para un Estado que no ha demostrado eficiencia ni reflejos a lo largo de todo este difícil período, el reto logístico no será menor.

Estas incertidumbres van a empezar a pesar fuerte sobre los miembros de mesa y sobre la población electoral en general al momento de decidir si participan en los comicios. Por ahora, la intención de asistencia es positiva –de acuerdo con una reciente encuesta, solo un 7% de la población menciona que no irá a votar–, pero este número puede cambiar rápidamente si el Ejecutivo no logra garantizar protección adecuada para todos los participantes de las elecciones. Y, específicamente, si no se muestra dispuesto a hacer todo lo posible por reducir el riesgo de exposición de los miembros de mesa.

El Gobierno, decíamos, está ya en una carrera contra el tiempo. Y si bien en el último año varios países alrededor del mundo han llevado a cabo elecciones mucho antes de que existiese apenas una vacuna, debería ser una prioridad que en el nuestro estas se celebren al menos con los miembros de mesa inmunizados.

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