Editorial: En la granja de los exportadores

En su satírica novela “Rebelión en la granja”, el británico George Orwell ironizaba sobre algunos clichés de la ideología comunista cuando afirmaba que “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros” para justificar privilegios ilegítimos. En cierto sentido, el Gobierno Peruano bien podría utilizar la máxima de Orwell para declarar que todos los empresarios son iguales frente al Estado, pero algunos son más iguales que otros –sobre todo los exportadores–.

Y es que esta semana la Asociación de Exportadores del Perú (ÁDEX) solicitó al gobierno aumentar temporalmente el drawback de 4% a 8% para poder “competir adecuadamente en los mercados de afuera”. Como se sabe, la idea del drawback es contar con un mecanismo que permita que quienes exportan reciban del Estado el 4% del valor del producto final exportado como compensación por haber pagado aranceles de importación de insumos.

A primera vista, el argumento tiene sentido. Si un exportador peruano tiene que pagar aranceles para importar insumos que le permitan producir un bien que luego venderá en mercados internacionales, suena razonable devolverle parte de los tributos y así evitar ‘exportar impuestos’. 

Existen, sin embargo, diversos problemas con este planteamiento. Por un lado, el drawback es una ‘tasa ciega’ que paga siempre el 4% del valor del bien exportado, independientemente de cuánto sea el arancel pagado para importar insumos. Así, buena parte de los exportadores nacionales declara insumos y bienes finales importados no esenciales con el fin de obtener el beneficio del drawback. Esta es una situación bastante común, por ejemplo, entre los productores de etiquetas, papelería y plásticos. En el extremo, un productor de camisas puede importar un solo botón y con eso acceder al derecho de cobrar al Estado –y a los contribuyentes– el 4% del valor total de la camisa exportada.

Adicionalmente, la misma existencia del drawback es difícil de justificar en un contexto en el que el nivel de aranceles es muy bajo. En los últimos diez años, el promedio arancelario se redujo de 10% a 2%, en tanto que –debido a los diversos tratados de libre comercio suscritos– el arancel promedio efectivamente pagado es actualmente 1%. Sin embargo, las restituciones por drawback han venido creciendo desde el 2011. 

Cuando el argumento sobre la ‘exportación de impuestos’, entonces, ya no sirve, los exportadores tienen otra carta bajo la manga para justificar seguir recibiendo esta suerte de subsidio desde el Estado que los hace ‘más iguales que otros’. De acuerdo con ÁDEX, las distorsiones y limitaciones que enfrenta el clima de negocios en el Perú –desde la baja calidad de la infraestructura hasta las cargas burocráticas– hacen muy difícil competir en mercados internacionales con países que no enfrentan estos sobrecostos.

Es cierto que el Perú enfrenta brechas en diversos sectores que encarecen los costos de producción y traslado de productos, y que estas brechas deben ser atacadas para lograr que el país sea más competitivo en el ámbito global. Esto, sin embargo, no justifica que los exportadores deban tener un trato especial a costa de todos los contribuyentes para que puedan colocar sus productos en el exterior. 

Como mencionó este Diario en un editorial anterior, si bien los exportadores argumentan que el drawback los hace más competitivos, este es un argumento falaz que tuerce el concepto de competitividad. El privilegio del drawback facilita que ellos ganen la carrera a sus competidores porque les permite empezar a correr desde más adelante, no porque los haga más rápidos.

De hecho, ofrecer este tipo de incentivos impide que recursos que quizá podrían haberse utilizado para producir algo valioso para el mercado local terminen siendo destinados a producir algo con menos valor para el mercado externo simplemente para recibir el drawback.

A fin de cuentas, las distorsiones que genera la presencia del drawback en su actual figura son pagadas por todos los ciudadanos no solo a través de sus impuestos, sino a través de decisiones de inversión menos eficientes. Ya es hora de que el gobierno deje de lado estas prácticas de pasado proteccionista y empiece a tratar a los iguales como iguales.