Editorial: La reforma atropellada

El miércoles, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por 12 votos a favor (de las bancadas de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Somos Perú, Nueva Constitución, Unión por el Perú y Podemos Perú) dividir la actual legislatura en dos, con el objetivo de que, a partir del 13 de junio –fecha en la que empezaría este nuevo período– se pueda dar segunda votación a algunas reformas constitucionales que aún lo requieren. Como se sabe, este tipo de medidas exigen ser aprobadas en dos legislaturas, por lo que el actual Parlamento, al que le queda una, no podría promulgar algunas normas pendientes, como las concernientes a la regulación de la cuestión de confianza y la que reestrenaría el sistema bicameral.

El presidente del referido grupo de trabajo, Luis Valdez (APP), aseguró que el objetivo de la disposición aprobada sería que este Congreso pueda “irse con la conciencia tranquila, sabiendo que dejamos al país un Estado más democrático”. Según explica, la manera en la que tuvo que desarrollarse el trabajo de este poder del Estado, a propósito de la crisis sanitaria, supuso que no se pudiesen aprobar las pretendidas modificaciones a la Carta Magna.

Existe poca discusión sobre la importancia de evaluar y aprobar reformas como las mencionadas. Acotar la cuestión de confianza, recurso que si es negado en dos oportunidades al Ejecutivo puede resultar en la disolución del Legislativo, permitiría evitar que se abuse de la figura como ha ocurrido en el pasado. Traer de vuelta el sistema bicameral, por su lado, llevaría a que las leyes que se promulgan hayan pasado por una última etapa de deliberación, lo que quizá ayude a que sean de mejor calidad.

Sin embargo, es justamente la importancia de aquello que se busca alcanzar lo que debería motivar que su implementación sea producto de una mayor reflexión. De hecho, en lo que atañe a limitar la cuestión de confianza, el Tribunal Constitucional ha recomendado en más de una oportunidad que, por lo complejo del mecanismo, se sea particularmente minuciosos a la hora de modificarlo. Así se pronunció cuando entre el 2016 y el 2019 el Parlamento buscó modular esta figura a través de su reglamento (lo que fue declarado inconstitucional) y tras la disolución de esta institución en el 2019 (fallo que se dio a inicios del 2020). Nuestros representantes tenían, entonces, tiempo de sobra para trabajar estos puntos en los plazos habituales según lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución. Que no lo hayan hecho no justifica que se improvise una ‘minilegislatura’ que tuerza los límites que esta impone para su reforma.

Asimismo, es difícil encontrar justificación para el apremio del actual Congreso a fin de concretar estas reformas. De hecho, el apuro parece responder más a un interés por asegurarse la autoría de estas que de verdaderamente entregarle un producto óptimo a la ciudadanía. Esto último, en fin, es más importante que la “conciencia tranquila” de los legisladores.

Y sobran razones para desconfiar de las intenciones del actual Parlamento y, en esa línea, para dudar de su buena voluntad. Desde que se instaló el año pasado nos ha acostumbrado, además de a la insistencia obcecada con medidas populistas y antitécnicas, a procesos de deliberación y votación atropellados en los que el juego para la tribuna ha sido la principal motivación, en perjuicio de la transparencia (a veces se dio luz verde a leyes entre gallos y medianoche) y la reflexión. Con esos antecedentes, que busquen impulsar cambios en la Carta Magna al caballazo y a través de vías de cuestionable pertinencia legal, debería preocupar a la ciudadanía.

Así las cosas, las reformas constitucionales que el Congreso de la República busca implementar deberían esperar a ser estudiadas por la representación que, hace poco más de un mes, el país eligió en las urnas. Que los legisladores aún en funciones pretendan doblegar el espíritu de nuestro marco legal para hacerlo ellos resulta caprichoso a estas alturas del partido.