Editorial: Pálido pero severo

Cumpliendo un encargo de las distintas bancadas, la Junta de Portavoces del Congreso propuso esta semana los nombres de tres candidatos entre los que la representación nacional tendrá que elegir el próximo 1 de setiembre al futuro defensor del Pueblo.

Nos referimos específicamente a Walter Gutiérrez (propuesto por Acción Popular), Samuel Abad (ex defensor adjunto y respaldado por el Frente Amplio) y Enrique Mendoza Ramírez (ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones, avalado por Alianza por el Progreso).

Si alguno de ellos alcanza, efectivamente, los 87 votos requeridos en la fecha indicada, habrá terminado el largo interregno en el que tan importante función ha sido asumida por Eduardo Vega Luna como ‘encargado’, pues, como se recuerda, la renuncia de Beatriz Merino –última titular oficial de la defensoría– se produjo en marzo del 2011. 

Sin desmerecer las virtudes de los tres candidatos mencionados, sin embargo, hay que decir que llama la atención que Vega Luna no haya sido considerado en la lista, habida cuenta de lo diligente y acucioso que ha sido durante estos años en el cumplimiento de esa responsabilidad, a pesar de la situación incierta en la que siempre se mantuvo su permanencia en el cargo.

Es verdad que su nombre solo fue sometido a votación en el último intento de elección de defensor del Pueblo producido durante el Congreso anterior, en mayo de este año (ocasión en la que obtuvo 56 votos, mientras que el otro postulante, Gastón Soto Vallenas, llegó a los 62: una cifra igualmente insuficiente para acceder al puesto). Pero no hay que olvidar que, en diciembre del 2014, un proceso con esos mismos competidores en liza se frustró en la hora nona por cabildeos políticos, ni que en el camino hubo varios otros intentos para acabar con la precaria situación de tan importante institución en los que no se lo consideró ni siquiera en la nómina.

En particular, el oficialismo de ese entonces –Gana Perú y sus aliados–, que ostentó una mayoría congresal durante casi todo el lustro que acaba de terminar, no mostró un real interés por cambiar el frágil estado de cosas. Después de todo, desde la perspectiva de quien ejerce el Ejecutivo siempre puede resultar tentador tener en esa posición a un funcionario no muy seguro de su situación para que no se envalentone demasiado cuando le toque enfrentar al Estado a fin de hacer valer los derechos de los ciudadanos, como su responsabilidad exige.

Vega Luna, no obstante, no se dejó intimidar por esa circunstancia y, pálido pero severo, se opuso al empeño del gobierno en asuntos bastante espinosos. Nos referimos, por ejemplo, al reglamento de la Ley del Servicio Militar del 2013 (“tiene un carácter discriminatorio y desnaturaliza su carácter voluntario”, dijo en aquella oportunidad), a ciertos excesos de la llamada ‘ley stalker’ (que permitía el acceso de la unidad especializada de la Policía Nacional a la geolocalización de celulares en casos de delitos de flagrancia, pero vulneraba el derecho a la privacidad de las personas) y al Decreto Legislativo 1129 (que establecía que toda información generada en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y defensa nacional tuviese el carácter de secreto), en defensa del derecho de acceso a la información pública.

En ninguna de esas oportunidades, Vega Luna convocó precisamente las simpatías del poder vigente. Todo lo contrario: generó de su parte una reacción adversa que podría explicar su suerte a lo largo de estos cinco años, así como el hecho de que esta vez no haya sido comprendido en la lista de candidatos (pues los viejos temores pueden asaltar también a los nuevos administradores del Ejecutivo o el Legislativo).   

Nada, sin embargo, nos impide reconocer, ahora que deberá despedirse del cargo, el rigor con el que lo desempeñó, ni desear que su sucesor sepa también plantarse, sin estridencias pero con firmeza, frente al poder o los poderes de turno cuando haga falta.