“Si al canciller o [a] su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”. Con esta frase, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, finalizó un tuit en el que amonestaba públicamente al vicecanciller Luis Enrique Chávez por haber recordado que la posición del Perú era que en Venezuela “no hay autoridades legítimas” desde el 5 de enero pasado. En esa fecha, como se sabe, se instaló en el país caribeño la ilegítima Asamblea Nacional que emergió de una pantomima de proceso electoral realizado a finales del 2020 y que fue rechazado por la Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima. En esa línea, las declaraciones del vicecanciller se avienen perfectamente a la postura que ha mantenido Torre Tagle en los últimos años, en los que el copamiento de las instituciones, el desmantelamiento del Estado de derecho y el acoso a la oposición no han amainado en Venezuela.
Al primer ministro, sin embargo, esta posición le ha tocado profundamente. “Desmiento afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria”, escribió en sus redes sociales, cometiendo, de paso, una infidencia: la referida cita entre el presidente Pedro Castillo y el sátrapa venezolano no formaba parte de la agenda oficial del primero. ¿De qué se habló en dicho cónclave? ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Por qué el jefe del Estado no lo comunicó a la ciudadanía? Como se sabe, la falta de transparencia, aunque es un rasgo de esta administración, solo sirve para inflamar las suspicacias.
En honor a la verdad, hay que decir que la actitud de Bellido no sorprende. Después de todo, hablamos de la misma persona que cree que Cuba es una democracia y que en el 2020 compartió en su Facebook un post en el que halagaba la gestión del dictador fratricida Kim Jong-un en la contención del COVID-19 en Corea del Norte, entre otros desvaríos. Sin duda, viene siendo un alivio para el país que ni las posturas miopes de Bellido ni las de su partido (que transitan por el mismo carril) encuentren eco en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto, sin embargo, no ha evitado que las diferencias entre Perú Libre y Torre Tagle se hagan patentes.
Dos días atrás, por ejemplo, el canciller Óscar Maúrtua se pronunció tajantemente sobre el proyecto de ley presentado la semana pasada por un grupo de legisladores oficialistas con el objetivo inequívoco de intervenir e intimidar a los medios de comunicación. Según Maúrtua, la iniciativa legislativa “colisiona con instrumentos de carácter multilateral […]; por ende, es algo que afecta compromisos internacionales”. El canciller, asimismo, habría sido uno de los pocos ministros –según Epicentro TV– que se mostró a favor de que el Gobierno expidiese un decreto supremo para incinerar los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán; una salida normativa contra la que votó la bancada oficialista en el Congreso el pasado jueves.
Tampoco podemos olvidar el ‘fuego amigo’ que recibió el ministro Maúrtua de parte del legislador Guillermo Bermejo, quien calificó de “imperdonable” que su gestión renovase el convenio entre el Perú y la Usaid, ni el zarpazo que recibió en agosto (poco después de conocerse su designación) de parte del secretario general de la organización política, Vladimir Cerrón, quien afirmó que su nombramiento “no representa el sentir de Perú Libre”.
A pesar de algunos traspiés, la cancillería ha conseguido en los últimos años que el Perú se erija como una de las voces regionales más firmes en la condena a la dictadura chavista, que es, en el fondo, la razón principal por la que más de cinco millones de venezolanos han escapado de ese páramo de pobreza, desabastecimiento, delincuencia y persecución política en el que se ha convertido el país caribeño. Esa es la línea que debe seguir nuestro país, y no la que algunos –que seguramente se sentirían cómodos alineándose con las tiranías de La Habana, Caracas y Managua– buscan imponer con chantajes, amenazas o perfidia.