Los restos del genocida Abimael Guzmán permanecen en la Morgue Central del Callao a la espera de que las autoridades tomen una decisión. (Foto: Lino Chipana /  El Comercio)
Los restos del genocida Abimael Guzmán permanecen en la Morgue Central del Callao a la espera de que las autoridades tomen una decisión. (Foto: Lino Chipana / El Comercio)
Martín Calderón

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La bancada de se opuso el jueves en el pleno del al dictamen que faculta a la fiscalía para disponer la cremación de los restos del genocida , cabecilla de Sendero Luminoso.

El bloque oficialista fue el único que votó en contra de la propuesta. Pero esa posición no impidió que fuera aprobada en primera votación con 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones. Mientras tanto, el cadáver del terrorista continúa en la Morgue Central del Callao.

“Consideramos que negarle a la familia [de Guzmán] la decisión sobre la sepultura nos puede convertir en aquellos que venimos combatiendo y condenando, y nos va acercando también a la barbarie”, dijo el legislador de Perú Libre Jaime Quito.

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El vocero de la bancada del partido de gobierno, Waldemar Cerrón, afirmó que se oponen a “una iniciativa que tiene nombre propio y que, de aprobarse, su aplicación de manera retroactiva sería inviable”.

Waldemar Cerrón dijo que se opone a una ley “con nombre propio”. (Foto: Congreso de la República)
Waldemar Cerrón dijo que se opone a una ley “con nombre propio”. (Foto: Congreso de la República)

La portavoz alterna de esa agrupación, Silvana Robles, añadió: “Hay que tener en cuenta que las leyes no son retroactivas. [...] Queremos dar una ley para un cadáver que lo es hace cinco días”.

Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló a El Comercio que el argumento expuesto por el oficialismo es errado. “Ahora mismo el cuerpo de Guzmán está a disposición de la fiscalía, que no sabe qué hacer. Si sale una ley, se aplica esa consecuencia jurídica. Es absolutamente válido”, explicó.

El dictamen aprobado responde a un vacío normativo. En las leyes peruanas vigentes no se establece específicamente qué hacer con los restos de los condenados por terrorismo muertos en prisión.

En detalle

La norma incorpora un artículo a la Ley General de Salud para establecer el destino de los cadáveres de terroristas o sentenciados por delitos de traición a la patria “cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga el riesgo la seguridad nacional o el orden interno”.

Señala también que el fiscal competente, “en decisión motivada e inimpugnable”, dispone la cremación, previa necropsia. Añade que la acción se realizará en coordinación con los ministerios de Justicia e Interior.

Por último, establece que la cartera de Justicia dispondrá la dispersión de los restos cremados “en tiempo y lugar de naturaleza reservada”.

El documento aprobado se basó en proyectos de ley presentados por el Ministerio Público y la congresista Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), quien sustentó las iniciativas en el pleno.

El dictamen fue exonerado de segunda votación con 81 votos a favor, 37 en contra y una abstención. Así, el texto está listo para ser enviado al Ejecutivo.

En este caso, los votos en contra fueron de Perú Libre y algunos miembros de Juntos por el Perú. Este último bloque rechazó que se excluyera del dictamen a los cadáveres de condenados por delitos contra la humanidad.

Inacción

Mientras en el Parlamento se debatieron los proyectos relacionados a los restos de Abimael Guzmán, el Poder Ejecutivo todavía no presenta una iniciativa al respecto.

El primer ministro Guido Bellido aseguró que en la sesión del Consejo de Ministros del jueves no se abordó ningún proyecto de decreto supremo sobre ese asunto.

“Sigue en pie la postura del Ejecutivo, quien tiene que ver eso es el Ministerio Público”, manifestó Bellido.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, mencionó que si bien “en las distintas instancias de gobierno hay debates sobre todos los temas”, el referido a los restos de Guzmán no se trató.

El ministro del Interior, Juan Carrasco, había indicado el martes que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, alistaba un proyecto de ley para conseguir que los restos del terrorista fueran incinerados.

Maraví al Congreso

Al cierre de esta edición, el pleno del Parlamento aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, , para que responda por los atestados policiales que lo vinculan con atentados terroristas cometidos por Sendero Luminoso entre 1980 y 1981. Se decidió citarlo para el 30 de setiembre.

La decisión fue tomada con 81 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones. Los votos en contra fueron de congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú.

Limitan cuestión de confianza

El pleno del Congreso también aprobó el jueves en primera votación un texto sustitutorio que propone interpretar el mecanismo de la cuestión de confianza.

La decisión fue tomada con 74 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones. La presidenta de la Comisión de Constitución, la legisladora Patricia Juárez, de Fuerza Popular, fue la encargada de sustentar el dictamen ante sus colegas parlamentarios.

Con la medida, se colocan límites al Ejecutivo en el uso de la cuestión de confianza. Así, el presidente de la República no podrá utilizar ese mecanismo en el caso de reformas constitucionales. La iniciativa fue exonerada de segunda votación.

De ese modo, el Congreso busca evitar escenarios como el del 2019, cuando el entonces mandatario Martín Vizcarra disolvió el Legislativo al interpretar que la confianza le fue negada a sus Gabinetes de Ministros en dos oportunidades.

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La pregunta del día: ¿cuáles fueron las reacciones desde el Ejecutivo tras la muerte de Abimael Guzmán?
Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, murió el sábado pasado a los 86 años de edad, en su centro de reclusión de la Base Naval del Callao. De acuerdo a información oficial, Guzmán dejó de existir producto de una neumonía. Desde el gobierno, el primero en pronunciarse fue el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien confirmó la muerte del terrorista ante los medios. El presidente Pedro Castillo, para manifestar que su posición es de condena al terrorismo y señalar que esta es firme e indeclinable. Hizo lo propio el primer ministro Guido Bellido.