Editorial: El bombardeo del Congreso

El gobierno del ex presidente Kuczynski tuvo que luchar contra sus propios errores y limitaciones en materia económica y fiscal. Cambios tributarios iniciales le costaron una caída en la recaudación de casi medio punto del PBI en el 2017, mientras que el incremento de la informalidad en la economía en el mismo año supuso una mayor erosión de la base tributaria.  

Pero el Gobierno, y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tuvo también que luchar en contra de las ingentes iniciativas que salían del Congreso y que amenazaban –y aún amenazan– con perforar las arcas fiscales a niveles insostenibles. Sea quien sea que nombre el presidente Vizcarra al frente de esta cartera, uno de sus principales retos será poner orden a una situación que podría bien salirse de control.  

El escenario es ya sensible. El déficit fiscal acumulado a febrero de este año alcanzó el 3,3% del PBI, en un contexto de aumento del gasto público, grandes compromisos de inversión pública y recuperación económica débil. El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta que este indicador alcanzaría 3,5% del PBI al cierre del año, la brecha más significativa entre ingresos y gastos de la Alianza del Pacífico. Así, el equilibrio macroeconómico –que ha sido una de las principales fortalezas del Perú en las últimas décadas, por no decir la principal– se pone en cuestión.  

Las bombas de tiempo que desea activar el Congreso, decíamos, no son pocas, y algunas han sido ya aprobadas en el pleno. Muchas de ellas tienen que ver con beneficios adicionales para distintos trabajadores públicos.  

Por insistencia se aprobó, por ejemplo, la Ley N°30555, disposición que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de Essalud. El costo de la norma: S/260 millones al año y erosión del sistema meritocrático en el sector público. La Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, aprobada del mismo modo y que exceptúa a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Ley Servir, tiene consecuencias parecidas a un costo mínimo similar.  

Las iniciativas que están en discusión hoy en el Congreso no son tanto mejores. Por ejemplo, el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo para eliminar el régimen CAS y transferir progresivamente a sus trabajadores a la planilla del Estado podría costar más de S/2.000 millones por año y ha sido calificado de “inviable” por el presidente del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza. Como esta y varias otras, las iniciativas del gasto del Congreso están hoy en ebullición.  

Si las distintas bancadas del Parlamento, como han manifestado en los últimos días, desean darle gobernabilidad suficiente al presidente Vizcarra –aunque sea por los primeros meses–, empezar por poner orden en las cuentas debería ser una prioridad. Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular e impulsor de más de una norma dispendiosa, extendió una primera muestra de acercamiento al señalar hace apenas unos días que la eliminación del CAS “no es un acuerdo de bancada” y que “se tendría que conversar también con el Ejecutivo”. Ello a pesar de que algunos de sus colegas de bancada respaldaron insistentemente su aprobación.  

El gesto parece auspicioso, pero aún queda corto en vista de la magnitud del bombardeo al que se pretende someter a las arcas fiscales. El regreso al funcionamiento normal democrático debe suponer también el regreso al funcionamiento normal de la responsabilidad fiscal y de las decisiones sobre gasto público.