Editorial: Ríos pro fondos

Ayer el controvertido Waldo Ríos Salcedo juró finalmente como gobernador regional de Áncash, gracias a la rehabilitación que el Poder Judicial le concedió tras haber pagado el monto de la reparación civil que adeudaba desde el 2008. El procurador anticorrupción Joel Segura ha anunciado que presentará ante la Corte Suprema un recurso de nulidad contra esa sentencia, pues Ríos Salcedo no ha cubierto los intereses que esa deuda generó durante los años. Pero, independientemente de la suerte que corra esa impugnación, toda la situación que plantea hoy su asunción del mando deja varias interrogantes.

Por un lado, las legales: ¿cómo pudo un candidato postular a un cargo sin estar habilitado para ejercerlo en caso de ganar? Recordemos que la sentencia que él recibió en el 2008 fue por haber recibido, a poco de haber llegado al Congreso en el 2000, US$10.000 de Vladimiro Montesinos para votar con el fujimorismo, pese a que había sido elegido por el Frente Independiente Moralizador. Y, sin estar rehabilitado de aquella sentencia, el Jurado Electoral Especial de Áncash, en una decisión que levantó polvareda, votó a favor de no excluirlo del pasado proceso electoral.

Por otro lado, quedan también interrogantes éticas, que surgen de la forma en que Ríos parece entender la relación entre el dinero y la praxis política. Como se sabe, durante la campaña, en su afán de ganar la preferencia de los electores, él no dudó en cultivar una demagogia bastante cruda. En concreto, prometió en repetidas oportunidades que, de llegar a ser el gobernador regional, regalaría S/.500 mensuales a cada familia ancashina con dinero proveniente del canon minero, además de subvencionar los precios de fertilizantes y combustibles. Ofrecimientos sin duda populistas e ilegales, pero que le reportaron un 65,5% de los votos válidos en la segunda vuelta.

Ahora que su puesto está asegurado, Ríos Salcedo se ha permitido ajustar el discurso y dice –recordando quizá que la administración que encabeza afronta deudas por más de S/.510 millones– que esas propuestas deberán ser modificadas, pues su realización se aleja de la realidad. Una perfecta concreción de la máxima electoral que su vocero legal, Manuel Rosales Turriate, expresó en algún momento. “El político es como un enamorador: no dice la verdad para conseguir lo que quiere”, sentenció con curiosa complacencia. Y, a falta de otras virtudes, su comentario tuvo la de la sinceridad. 

No obstante, el hecho de que finalmente Ríos Salcedo pueda no cumplir con su promesa de campaña no altera el dato de que, según su lógica, el aporte de dinero induce a una determinada forma de conducirse políticamente (en este caso, a votar por un candidato). Y eso nos lleva directamente a la segunda situación inquietante desde el punto de vista ético en su actuación en todo el trance por el que ha atravesado para acceder al poder en Áncash. 

Como señalamos al principio, para lograr su habilitación, el ahora gobernador debía abonar una reparación civil de un millón de soles que adeudaba desde el 2008. Para tal fin, junto a su movimiento político, organizó fallidas rifas y colectas pro fondos, que fueron suspendidas por la Oficina Nacional de Gobierno Interior por no contar con la autorización necesaria. Eso, empero, no desanimó a Ríos Salcedo, quien después de todo pudo cubrir el monto de la indemnización gracias a la insólita generosidad de nueve donantes. Tanto más insólita, además, en la medida en que seis de ellos presentan cuantiosas deudas en Infocorp, que –cualquiera pensaría– tendrían que haber atendido antes. 

Cabe notar, sobre todo, que pese a que esos espontáneos financistas ostentan negocios o intereses en Áncash, Ríos Salcedo sostiene que las donaciones se realizaron de manera desinteresada. Pero si trasladamos la lógica aplicada por él respecto de sus votantes –aquella que suponía que la sola oferta de una inyección de dinero los haría actuar políticamente de una cierta manera– a su circunstancia de gobernador que solo pudo asumir el poder gracias al aporte de personas que tienen intereses en su región, no podemos menos que preguntarnos cuál es la conducta política que él ha de considerar pertinente de ahora en adelante hacia ellas. Una interrogante que, sin duda, despejaremos pronto.