"En suma, en términos de reforma económica a nivel constitucional o de reforma laboral, lo que a estas alturas se espera del próximo Congreso es la preservación de las cosas como está". (Foto: GEC)
"En suma, en términos de reforma económica a nivel constitucional o de reforma laboral, lo que a estas alturas se espera del próximo Congreso es la preservación de las cosas como está". (Foto: GEC)
Editorial El Comercio

En los epílogos del último ciclo político se dejó entreabierta una puerta que había permanecido cerrada por mucho tiempo. A diferencia de otros países de la región, el Perú permaneció relativamente ajeno a discusiones que tuvieran como fin trastocar algunos pilares elementales de la Constitución vigente. Sin embargo, con las modificaciones constitucionales que se emprendieron vía referéndum –y otras que intentaron emprenderse– durante los últimos años, la idea de alterar la Carta Magna en función del humor político del momento de pronto empezó a ganar tracción. Además, el proceso de asamblea constituyente chileno, en medio de enormes e inesperadas protestas, contribuyó inexorablemente a los ánimos reformistas locales.

Sin embargo, el apetito por modificaciones constitucionales en materia económica no parece –en buena hora– haber calado en la mayoría de los candidatos que se presentan a las elecciones parlamentarias de enero próximo. Salvo entre consabidos opositores al modelo económico vinculados a la izquierda –quienes, por lo demás, nunca han ocultado su interés por cambios sustanciales en el régimen–, la voluntad de alterar las bases del sistema por ahora es reducida.

Esto debería dar cierto sosiego a las expectativas económicas, por lo menos en el mediano plazo. Aunque perfectibles como todo, los pilares de la economía peruana –libertad de precios, rol subsidiario del Estado, responsabilidad macroeconómica, apertura comercial, entre otros– han demostrado ser un camino efectivo para crecer de manera sostenida, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gran mayoría. Además, reformas constitucionales de este calibre para alterar las bases económicas requerirían consensos políticos que difícilmente pueden ser llevados a cabo con diligencia y responsabilidad en el período de apenas año y medio que tiene el futuro Congreso por delante.

Al mismo tiempo, la mayoría de candidatos tampoco ha expresado mayor interés por discutir asuntos que sí podrían ser materia de análisis y propuesta legislativa para un siguiente Parlamento. Entre ellos, destaca, por ejemplo, la mejora de la regulación laboral. Como hemos desarrollado antes en estas páginas, el rígido y obsoleto marco laboral actual favorece la informalidad y el empleo precario, además de constituirse en un ancla sobre la productividad de las empresas y el salario de los trabajadores.

No obstante, el enfoque que al respecto han adoptado candidatos de distintos partidos es de estabilidad e inacción. Consultados directamente por este Diario sobre la posibilidad de flexibilizar normas labores, diversos postulantes evitaron referirse explícitamente al elefante en la sala, prefiriendo más bien posiciones neutrales o de complacencia política que son las que precisamente han llevado a la situación actual. Por el contrario, propuestas como fortalecer las inspecciones laborales para combatir la informalidad o aumentar el gasto en trabajadores públicos –ambas, curiosamente, competencias del Ejecutivo más que del Legislativo– tuvieron mayor acogida.

En suma, en términos de reforma económica a nivel constitucional o de reforma laboral, lo que a estas alturas se espera del próximo Congreso es la preservación de las cosas como están. Ello no es del todo negativo para un poder del Estado en fase de transición y con un período de labores acotado, pero quizá ese espacio –agregando la imposibilidad de la reelección congresal– hubiera sido un escenario ideal para impulsar algunas de esas reformas impopulares pero necesarias. Para otra oportunidad será.